Provincias deberán sufrir recortes por la crisis

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Sería imposible escandalizarse en la Argentina porque el Presupuesto nacional aparezca sólo como un mero dibujo a menos de dos meses de haber sido votado. De hecho, esa ley fue perdiendo importancia durante los últimos años: basta la emisión de una resolución del jefe de Gabinete o, en los casos mayores, un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial, para cambiar el destino de cualquier partida.
Ese escenario es el que temen enfrentar las provincias en los próximos meses de cara a la crisis y los gastos que deberá incrementar el Gobierno para financiar muchas de las medidas que se anunciaron en el último mes. Esta vez, de todas formas, el escenario puede ser distinto: la reasignación de partidas se hizo durante toda la era Kirchner para ajustar el Presupuesto a la realidad de una mayor recaudación que siempre se subestimó para disponer con libertad de esos excedentes. Ahora la razón sería la necesidad.
Un primer indicio de las urgencias que están apareciendo en la caja del Estado lo tuvieron los gobernadores durante enero. En ese mes los giros de fondos por coparticipación a las provincias se redujeron un 8%. (Ver nota en Ambito Nacional).
Si a ese número se lo compara con la evolución que habría tenido en ese mismo mes la recaudación tributaria (una suba no mayor al 17% comparada con el mismo período de 2008), queda claro que los ingresos públicos crecieron sólo como efecto de la inflación.
Cualquier gobernador, mas o menos experimentado, sabe que esa combinación es una señal de alerta. De ahí que se esperen más recortes durante los meses por venir. Más si Cristina de Kirchner avanza con nuevas medidas para intentar que la crisis financiera internacional no le siga enfriando la economía local.
El financiamiento de canjes de bicicletas, calefones, cocinas o heladeras, no fueron hasta ahora una amenaza para los gobernadores que compiten por la caja cuando los fondos no sobran.
Obras públicas
Pero si los planes de financiamiento para compra de maquinarias o el megaplan de obras públicas que el Gobierno anunció por $ 111.000 millones. Esa expresión de deseos para motorizar la economía desde la obra estatal en parte está incluida en el Presupuesto 2009, con fondos por $ 71.000 millones, pero hay otros $ 40.000 millones más que todavía resta conseguir.
Es claro que esas obras no impactarán este año, pero aunque muchas estén destinadas a las provincias y sean vitales en un año de campañas, algún nivel de gasto insumirán.
De ahí que frente a los desafíos de la crisis, el Presupuesto 2009 se tornó ya un documento vacío que ni siquiera servirá como referencia. Es cierto que quizá fue imposible calcular el verdadero impacto de la debacle internacional en las cuentas locales, pero el Gobierno desoyó todas las advertencias sobre la crisis financiera y mantuvo, a la hora de votarlo, las mismas proyecciones con que originalmente elaboró el cálculo presupuestario para 2009.
Cristina de Kirchner ahora no tendrá problemas en firmar decretos de necesidad y urgencia durante el año para ajustar las partidas. De hecho ya firmó uno en 2008 por $ 36.000 millones, el DNU más grande la historia del país. El problema esta vez es a quién le quitará para repartir.
De ahí que en medio de la puja por los fondos en un año electoral donde el Gobierno necesita garantizarse financiamiento y al mismo tiempo cubrir los baches que le va generando la crisis, la oposición utilizará los decretos de necesidad y urgencia para modificar el Presupuesto como tema de moda en la campaña. El radicalismo y la Coalición Cívica ya planean comenzar este mes con esa discusión y en el centro volverán a estar nuevamente los superpoderes, que ahora el Gobierno deberá utilizar para ajustar cuentas con las provincias.
La historia de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo fue siempre complicada, hecho por otra parte lógico ya que la Constitución nacional es extremadamente restrictiva en ese tipo de poderes delegados, al punto que amenaza con declarar traidor a la patria a los legisladores que lo hicieran sin la debida fundamentación.
Esto no impidió, de todas formas, que la delegación de facultades al Ejecutivo no haya sido una constante en la historia argentina, demasiado asidua para el gusto de cualquier constitucionalista.
Ese razonamiento, por ejemplo, fue utilizado por Elisa Carrió cuando Fernando de la Rúa pidió los superpoderes para Domingo Cavallo que le permitían hasta modificar impuestos por decreto, una facultad que se considera el límite máximo de cesión que puede hacer no sólo el Congreso argentino sino el Parlamento de cualquier país civilizado. No por casualidad fue que el control de la potestad tributaria del Estado originara la creación del primer parlamento en Inglaterra.
Sin elevarse tanto en la historia, los diputados y senadores de la oposición tienen ahora más elementos para atacar la cesión de facultades para modificar el Presupuesto 2009.
A De la Rúa no le fue tan difícil conseguirlas, en medio de la crisis económica, y tampoco a Eduardo Duhalde con el incendio definitivamente desatado.
Pero Néstor Kirchner logró lo que ningún otro presidente: modificar directamente el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control para establecer de forma permanente la facultad del Poder Ejecutivo de modificar partidas, reasignar otras destinadas a gastos de capital como gasto corriente (es decir, sueldos o pagos urgentes) y hasta modificar, vía DNU, el monto total del Presupuesto nacional, una prerrogativa que la ley limita, pero que en los hechos se dio durante los últimos años al reasignar los excedentes de recaudación.
Si la crisis internacional y local o la sequía, modifican ahora esa ecuación en los ingresos, serán las provincias las primeras perjudicadas por haber cedido esos poderes, que podrían volver a discutirse en el Congreso.

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