Desde Bélgica, el destituido presidente regional desechó la vía unilateral de soberanismo que defendió durante meses. Los partidos nacionalistas cambiaron de estrategia de cara a las elecciones del 21 de diciembre.
Barcelona y Madrid - Apenas dos semanas después de culminar su plan soberanista proclamando la creación de una nueva república, el independentismo catalán negó ahora esa declaración, admitió que el "Govern" de Carles Puigdemont no estaba listo para la ruptura con España y se abrió a otras vías de "encaje" en el país.
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"Estoy dispuesto, y siempre lo estuve, a aceptar la realidad de otra relación con España", sostuvo el ya destituido Puigdemont, gran responsable de impulsar el proceso que abrió una crisis institucional sin precedentes en el país, en una entrevista publicada ayer por el diario belga Le Soir.
Ante la pregunta de si su postura es "independencia o muerte", el ex "president" sorprendió con su respuesta. "¡Nunca! Siempre estuve a favor de un acuerdo", aseguró. "Es posible una solución diferente de la independencia", dijo.
Las palabras de Puigdemont contrastan con la vía unilateral que impulsó desde el poder pasando por alto todos los obstáculos: desde la Constitución hasta la huida de más de 2.000 empresas de Cataluña pasando por la suspensión del referéndum del 1 de octubre que terminó celebrando sin garantías ni reconocimiento internacional.
Sin embargo, su golpe de timón no es una excepción. Diversas figuras de su Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el otro partido independentista, socio en su exgobierno, revelaron los últimos días las dudas que el plan planteaba en las propias filas soberanistas.
"El 'Govern' no estaba suficientemente preparado para aplicar la independencia", admitió en la radio catalana Rac 1 la exconsejera Clara Ponsatí (ERC), que se encuentra en Bruselas con Puigdemont.
También renegó del proceso una de sus caras más visibles: la presidenta del "Parlament", Carme Forcadell, quien al declarar como investigada por presuntos delitos vinculados al plan soberanista, explicó el jueves pasado que la independencia era un gesto político sin valor jurídico.
El "frenazo" de los independentistas irritó a muchos, tomando en cuenta el enorme costo social y económico que tuvo el proceso rupturista.
Pero el giro podría tener su explicación. No solo por el riesgo cierto de ir a prisión, sino también por la perspectiva de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en las que ERC y PDeCAT buscan revalidar una mayoría y volver a formar Gobierno.
La estrategia electoral parece haber dejado en segundo plano el objetivo de la independencia unilateral para centrarse en la denuncia del "autoritarismo" del Gobierno español de Mariano Rajoy y la existencia de "presos políticos" catalanes.
No obstante, el Partido Popular (PP) de Rajoy restó importancia a la disposición de Puigdemont. "Creo que la relación que tiene que empezar a trabajar es con su abogado para la declaración que tendrá que dar en Madrid cuando la Justicia belga lo determine", zanjó ayer Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP.
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