Punta del Este: flamante ley alejaría a turistas argentinos

La ley establece que el pago de cualquier operación inmobiliaria deberá cumplirse a través de medios electrónicos, encendiendo la luz de alarma entre los argentinos, que acostumbran a operar en efectivo.

La Ley de Inclusión Financiera, que entró en vigencia este mes en Uruguay, estableció en una primera etapa estímulos impositivos al uso de las tarjetas de débito y de crédito en operaciones comerciales, y a partir del año próximo restringirá el pago de operaciones inmobiliarias superiores a u$s 5.000.

Asimismo, la misma ley que en 2017 hará obligatorio el cobro de salarios a través de tarjetas de débito, fijó que a partir del 1 de noviembre próximo el pago de alquileres se hará a través de una cuenta bancaria cuando supere los u$s 400 mensuales.

Si bien la ley pretende transparentar las operaciones financieras en el país, encendió la luz de alarma entre los argentinos que tienen propiedades en alquiler en el país vecino, especialmente en centros turísticos, y también entre los que pretendan comprar o vender algún inmueble "sin dejar huella".

Al respecto, el director ejecutivo de la gerenciadora argentina de patrimonios FDI, Mariano Sardáns, dijo al diario uruguayo El País que la anulación de pagos y cobranzas en efectivo para esas operaciones "complicarán a muchos argentinos".

La ley establece que el pago de cualquier operación inmobiliaria deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos emitidos por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.

Las escrituras de compraventa deberán registrar los detalles de cómo se concreta la operación, incluyendo los números de cuenta, sus titulares y el banco, en caso de que la operación de pago o cobro se realice en un banco fuera de Uruguay.

"Los argentinos acostumbran a comprar en efectivo. Si abren la cuenta bancaria, no pueden hacerlo en el anonimato y hoy con el acuerdo de intercambio de información tributaria las cuentas van a estar alcanzadas en ese intercambio", afirmó Sardáns, en alusión a la normativa que permite a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conocer el detalle de los movimientos financieros de argentinos en ese país.

El ejecutivo admitió que entre los argentinos que operan en Uruguay "la mayoría son reacios, o porque no lo tienen declarado o por otras razones".

La nueva legislación uruguaya prevé además que pasen al formato electrónico otras transacciones muy usadas por los argentinos como el cobro y pago de alquileres, que también estará limitado para su realización en efectivo. En este caso, el pago deberá hacerse "mediante la acreditación en una cuenta abierta en una institución de intermediación financiera a nombre del arrendador", según la norma.

La identificación de la cuenta deberá constar de forma obligatoria en los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigencia de la ley, y en los contratos que ya estén en curso la parte arrendadora deberá comunicar al deudor la cuenta en la que deberán acreditarse los pagos.

También se deberá realizar de forma electrónica el pago de honorarios profesionales y de gastos, como por ejemplo, a administradores de consorcios para el pago de expensas o gastos comunes.

Sardáns explicó que hay "preocupación" entre clientes, compradores inmobiliarios y profesionales de la Argentina que consultan y que tienen "dudas" respecto a "qué significa" la Ley de Inclusión Financiera. "Uruguay lo que quiere es formalizar toda la economía y está haciendo las cosas bien. Ahora a los argentinos eso los complica y van a pensar las cosas diez veces más. No quieren dejar huella", expresó el ejecutivo.