Quince años después, condenas (leves) por la represión de 2001

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Quince años tardó la Justicia en establecer las responsabilidades penales de las máximas autoridades gubernamentales que ordenaron la represión del 19 y el 20 de diciembre de 2001. Dos años y tres meses después de iniciado el juicio oral, ayer el exsecretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por homicidio culposo, mientras que al exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, le fue aplicada una pena de cuatro años de cárcel. Pese al poco monto de las penas -que recién serán efectivas cuando se agoten todas las instancias de apelación (Casación y Corte Suprema) y queden firmes-, se trata del primer veredicto que contempla la sanción penal para los responsables políticos de haber llevado adelante un operativo represivo. El expresidente Fernando de la Rúa fue el gran ausente en el proceso. Fue excluido de reproches por el juez Claudio Bonadio, por la Cámara y finalmente, el año pasado, la Corte convalidó que eso no fuese revisado.

La sentencia dada a conocer ayer por los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 6 fue por las muertes de cinco personas y las heridas a 117 en el marco de la refriega ocurrida en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, Avenida de Mayo y el Obelisco. Pero no todas fueron condenas: los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín dispusieron la absolución de seis de los quince acusados, en la Sala AMIA (ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py) colmada de asistentes y familiares de las víctimas. Los beneficiados fueron los policías Norberto Sabbino, Orlando Oliverio, Mario Seia, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi y Eugenio Figueroa. A Jorge Toma y Alberto Loforte el sobreseimiento les llegó de la mano de la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo.

Quienes ayer fueron condenados a tres años de prisión en suspenso son los policías Víctor Belloni (con inhabilitación por el mismo término), Omar Bellante (con inhabilitación por seis años), Raúl Andreozzi (inhabilitación por tres años), Norberto Gaudiero (inhabilitación por siete años) y Ariel Firpo Castro (inhabilitación de seis años). Gaudiero era director general de operaciones, mientras que Andreozzi era el Superintendente de Seguridad Metropolitana. Ambos impartieron las directivas de Santos, de quien se acreditó que pidió "50 detenciones en la Plaza", uno de los hechos que disparó la represión policial. Carlos Almirón, Gastón Riva, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, murieron ese día, mientras que casi pierden la vida bajo el fuego policial Martin Galli y Paula Simonetti. Ramón Mestre, exministro del Interior de De la Rúa -y máximo responsable político implicado- falleció durante la instrucción de la causa.

Asimismo, el Tribunal dictó la pena de seis años para Carlos José López y de cuatro años y medio para Roberto Emilio Juárez. Sin penas significativas en monto, tanto la querella como los fiscales Mauricio Viera y Santiago Vismara habían coincidido en solicitar 5 años de prisión para Mathov y similar pena para Santos, al filo del máximo estipulado. Donde existió mayor divergencia fue en los pedidos contra los integrantes del Control de Integridad Profesional de la Policía Federal, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito. A ellos se les habían solicitado penas que escalaban hasta los 16 años de prisión.

Los funcionarios políticos solo fueron condenados por tres de las cinco muertes y entre los familiares de Márquez reinó el desconcierto porque, en su caso, los policías que le dispararon fueron acusados de "homicidio en agresión".

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