Inmediatamente se conoció la noticia estallaron los comentarios críticos con el Gobierno de Mariano Rajoy en las redes sociales y en los portales de los principales diarios del país que la cubrían.
La votación en el Senado terminó con protestas en la tribuna de invitados de un grupo de afectados por este problema, al que la crisis económica convirtió en una de las principales preocupaciones que apuntan los españoles en las encuestas y que llevó a varias personas a suicidarse en los últimos meses.
La nueva ley dejó afuera la principal reivindicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que consistía en entregar la vivienda por la que se adquirió el crédito como forma de pago. Ahora mismo se da el caso de que muchas personas desalojadas tienen que seguir haciendo frente al pago de una deuda al banco, ya que el valor de la vivienda embargada cayó frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.
Es "una ley hecha para proteger y defender los intereses de la banca, enfrentados en este caso a los derechos fundamentales de las personas", se quejó el movimiento.
Pero según el Gobierno de Mariano Rajoy, ese punto "podría dañar sin remedio las garantías hipotecarias" y el acceso a préstamos hipotecarios.
Entre las medidas de la nueva ley se incluye la suspensión de los desalojos durante dos años, pero sólo para los más vulnerables, con lo que se deja afuera a la mayoría de los afectados.
Amplía también de uno a tres los meses impagos a partir de los cuales el banco puede iniciar un proceso de desalojo y permite a los jueces detenerlos cuando detecten cláusulas abusivas en las hipotecas.
Toda la oposición considera que las medidas que contempla la nueva ley no serán efectivas para afrontar un importante problema derivado de la crisis económica y del altísimo desempleo, superior al 27% actualmente (más de 6 millones de personas), que ha generado en el país. Sólo entre 2011 y 2012, fueron realizados cerca de 150.000 desalojos.
El debate de la ley en el Senado fue largo, de unas seis horas, y la aprobación tuvo lugar sólo con los votos del Partido Popular (PP) de Rajoy. Los senadores del PP, y con ellos la cámara, rechazaron tres propuestas de veto a la ley y 273 enmiendas a la misma.
Desde la tribuna de invitados, un grupo de afectados exhibió pancartas con el lema "Stop desahucios (desalojos). No más muertes" y profirió gritos de protesta.
La PAH asegura que mantendrá sus protestas, entre las que desde hace semanas se cuentan escraches junto a las viviendas de políticos del PP, y promete que "no se rendirá.
La nueva norma entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente mañana.
Para el senador Carles Martí, de Entesa (Acuerdo de los Catalanes), "se ha perdido la opción de hacer una ley integral y valiente" mientras que la senadora socialista Ángeles Marra subrayó que la ley no aporta soluciones pero sí incorpora medidas "inútiles y desequilibradas", en declaraciones publicadas por el diario El Mundo. Por parte de la Convergència i Unió (CiU), el senador Ramón Alturo consideró que "algo falla" cuando hay "gente sin casa y casas sin gente".
"O con las personas o con los bancos" aseveró el senador de Entesa, Jordi Guillot, quien consideró "incomprensible que Bankia, un banco rescatado, esté desahuciando a las personas".
En este contexto, el Parlamento de la región sureña de Andalucía convalidó ayer un decreto sobre la función social de la vivienda, que establece la posibilidad de expropiaciones temporales para dar viviendas a las familias afectadas por desahucios. El decreto andaluz se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que posibilitará la presentación y, en su caso, incorporación de enmiendas.
| Agencias DPA y EFE; y Ámbito Financiero |
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