9 de mayo 2013 - 00:00

Reabren causa contra dirigentes de SMATA

La Justicia ordenó reabrir una investigación sobre supuesta administración fraudulenta por parte de directivos del sindicato de mecánicos (SMATA), entre ellos su actual secretario adjunto, Mario "Paco" Manrique. La medida involucra también a una de las hijas del fallecido líder José Rodríguez, y ordena retomar las pesquisas en torno de una operación que habría permitido a los sospechosos cobrar contratos millonarios en nombre de empresas creadas para prestarles servicios al gremio y a su obra social.

La Sala I de la Cámara Federal porteña dispuso revocar los sobreseimientos a favor, entre otros, de Manrique; Víctor Fabris, secretario de Organización; Ángel Rascovich, exencargado de Prensa, y Alejandra Rodríguez, hija de José y accionista de dos empresas investigadas por su nexo con el sindicato.

Se trata de una extensión de una causa que arrancó en el fuero penal y continuó en el federal, a cargo del juez Ariel Lijo. La Cámara aceptó los planteos del fiscal Federico Delgado, quien había pedido reabrirla.

El expediente está centrado en siete hechos presuntamente irregulares: un acuerdo de "provisión de medicamentos" de alto costo firmado en 2000 entre la obra social (OSMATA) y la empresa Sancayet, de las hermanas Alejandra y Andrea Rodríguez, que preveía un pago mensual de 600 mil pesos. De acuerdo con los investigadores, el monto "excedía sensiblemente los costos reales del suministro".

También, la cesión el mismo año para la explotación del servicio gastronómico del sanatorio San Cayetano del gremio a la firma Strudel, de las hermanas Rodríguez, que incluía un acuerdo de rescisión antes del año a cambio de una indemnización de 800 mil pesos. El acuerdo finalizó a los ocho meses. Además, el cobro supuestamente fraudulento de un cheque por $ 200 mil a favor de Sancayet; el ingreso a la contabilidad de OSMATA "de facturas apócrifas atribuidas a distintos profesionales que no habían prestado servicios a favor de la obra social"; una indemnización en 2004 de $ 200 mil a favor de Alejandra Rodríguez por "despido sin causa", y un contrato de "recaudación y cobranzas" con la empresa Contactia, de Bruno Doffo (entonces concubino de Alejandra) que en 2009 obtuvo un crédito a su favor de $ 6 millones por su rescisión.

El último punto es la aparente creación de "un mecanismo espurio en el traspaso de los créditos denunciados en el proceso concursal mediante el pago oculto de la totalidad o gran parte de la deuda, en algunos casos, a cambio de la obtención de la mayoría para alcanzar la aprobación de la propuesta". Esto había sido desestimado por Lijo pero la Cámara le ordenó retomarlo. En la causa original José Rodríguez fue indagado y procesado. El sindicalista murió en 2009 y se abrió un proceso de sucesión al frente de la organización que incluyó dos años con Manrique como secretario y Ricardo Pignanelli, como adjunto, que el año pasado finalizó con un enroque.

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