Reabren causa contra Jaime por dádivas

La Cámara Federal porteña decidió que Ricardo Jaime sea nuevamente investigado por presuntas dádivas que habría recibido de una empresa naviera que obtuvo exenciones impositivas cuando todavía era secretario de Transporte. Se reabre así un frente judicial para el exfuncionario que ya espera un juicio oral por este delito en medio de diversas investigaciones que tienen lugar en los tribunales de Retiro. El fallo de la Sala I también define una puja silenciosa entre dos magistrados.

Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero determinaron que la instrucción se reactive a raíz de una apelación interpuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, quien no estuvo de acuerdo, en su momento, con la decisión del juez Sergio Torres de archivar la causa por considerar «inexistencia de delito». En el expediente se investiga si la naviera Horamar SA se ahorró impuestos por el valor de 30 millones de dólares mientras costeaba gastos de Jaime. Se trata de una de las principales compañías de su rubro, está asociada a navieras griegas y entre sus clientes figuran grandes empresas de petróleo e industriales.

La Cámara se remitió a la denuncia anónima que dio inicio al expediente. Se trata de un texto que en determinados párrafos se aleja de las formas propias del derecho y donde abundan las expresiones coloquiales. Allí se sostiene que Jaime y el subsecretario de Vías Nevegables, Ricardo Luján, «debían controlar y auditar las empresas de los hermanos López (directivos de Horamar), cosa que no ocurrió ya que los intereses de los funcionarios eran los mismos que los de los López o mejor dicho, los López eran quienes nutrían y engrosaban el patrimonio de ambos funcionarios».

El argumento central de la denuncia sostiene que «un ejemplo válido de la vista gorda que hacía Jaime es la incorporación a la flota naviera de los López de barcos por un valor de 100 millones de dólares a través de exenciones impositivas que no le correspondían ahorrándose de esta forma 30 millones de dólares... seguramente algunos millones de los 30 fueron a parar al bolsillo de algún funcionario» (sic). La Cámara entiende que este presunto soborno debe ser investigado por Torres.

En la denuncia también hay detalles sobre cómo Horamar habría financiado vacaciones, departamentos y hasta el avión Lear Jet 31 en el cual Jaime solía desplazarse. Si bien esta parte de la denuncia es investigada por el juez Norberto Oyarbide, ahora la Sala I ordena que sea Torres quien se haga cargo de la instrucción.

La denuncia anónima llegó a Comodoro Py en 2009 con destino a la fiscalía de Carlos Rívolo. Casi de inmediato comenzaron las internas entre los jueces que investigan a Jaime. El caso es que una parte fue requerida por Claudio Bonadío (investiga al exfuncionario por supuestas dádivas), otra por Oyarbide (supuesto «enriquecimiento ilícito») y una tercera por el exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid (supuesta «escasez de controles fluviales»).

La puja era justificada: los delitos de dádivas requieren pericias complejas y por esto mismo no son fáciles de comprobar. Por esto último los datos precisos se tornan invaluables para la instrucción. Todos los jueces -y el fiscal- estaban convencidos de que el escrito aportaría elementos clave en sus respectivas causas. Finalmente, éste quedó para Torres, un magistrado que había optado por mirar la causa desde lejos.