"La posición del Gobierno es que la tercerización no puede comprometer derechos de los trabajadores. Nosotros no podemos desorganizar el mundo del trabajo" con esa ley, expresó la mandataria, para quien la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja configuró una nueva derrota política.
La presidenta alertó sobre la necesidad de garantizar que las empresas que sean contratadas mediante esa modalidad paguen los salarios, los aportes jubilatorios y "al mismo tiempo, que paguen también sus impuestos". Por eso, agregó, "observamos con mucho interés cómo se va a desdoblar la votación de aquí en adelante, principalmente en el sentido de la responsabilización solidaria de aquellas empresas que sean contratadas. Hay que ver cómo se dará ese proceso en el Congreso", subrayó.
El texto principal del proyecto se aprobó con 324 votos a favor, 137 en contra y dos abstenciones. Antes de ir a consideración del Senado, los diputados votarán la semana que viene algunas alteraciones.
El proyecto establece que en lo sucesivo las empresas brasileñas podrán contratar a trabajadores tercerizados incluso para tareas centrales a su rubro de actividad, no como hasta ahora, que sólo podían acudir a esa práctica para tareas periféricas como limpieza.
Se estima que el 25% de la fuerza laboral de Brasil está tercerizada en la actualidad, y que esos trabajadores perciben salarios un 27% menores en promedio que los de los empleados regulares.
La votación fue incluida en el orden del día por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, referente del ala del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que resiste la alianza con el Partido de los Trabajadores de Rousseff.
Cunha, quien asumió la presidencia de la Cámara baja enfrentando al Gobierno y bajo la bandera de la "independencia" del Poder Legislativo con respecto al Ejecutivo, fue el principal defensor, en la sesión, del proyecto, que es aplaudido por la Confederación Nacional de la Industria y criticado por las centrales sindicales vinculadas a la izquierda del país y por el PT.
Incluso antes de la aprobación en general del texto, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor fuerza sindical de Brasil y brazo gremial del PT, anunció un "paro nacional" para el miércoles 15 contra el proyecto, al considerar que supone un "ataque" contra los derechos laborales.
El martes último, la CUT, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y otras organizaciones de izquierda realizaron marchas en varios estados para protestar contra el proyecto. En Brasilia, unas 4.000 personas se concentraron frente al Congreso, y se enfrentaron a la Policía. Los disturbios dejaron ocho heridos, entre ellos dos legisladores, dos policías, y un detenido.
"Vamos a cruzar los brazos y haremos el esfuerzo de ir de estado en estado para denunciar a los diputados que voten a favor del proyecto para que el pueblo brasileño no reelija a los traidores de la clase trabajadora", afirmó en un comunicado el presidente nacional de la CUT, Vágner Freitas.
La primera reacción del Gobierno ante la rebelión de una parte considerable de los diputados que conforman su base aliada partió del ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Miguel Rossetto. "El proyecto es malo, pues permite que toda relación de trabajo sea tercerizada, por tanto, precarizada", expresó en un comunicado.
| Agencias DPA y EFE, |
y Ámbito Financiero
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