Recalde cada vez peor: la Justicia allanó Aerolíneas

• Tiene una causa por la contratación en Brasil para reparar un Airbus

Funcionarios del juzgado federal que encabeza Julián Ercolini allanaron ayer por la mañana las oficinas de Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, y secuestraron documentación relativa al contrato de reparación del Airbus 340-300, matrícula LV-BIT, en función de la denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans por «defraudación a la administración pública», luego de que el fiscal Guillermo Marijuan le imputara ese delito a Recalde y a otros directivos. La empresa, en un comunicado, intentó demostrar que no hubo contratación directa y que se siguieron los pasos necesarios para garantizar la transparencia.

Sin embargo, podría decirse que la dirección de Aerolíneas Argentinas pertenece al sector de la población que suele ver la media botella llena: en su comunicado, la reestatizada línea aérea afirma que «el Airbus 340-300 matrícula LV BIT ya está volando». Pero el aparato del conflicto fue enviado para ser reparado a los talleres de la portuguesa TAPME en Río de Janeiro, que debió devolverlo listo para operar a principios de diciembre pasado.

Esto implica que el avión debía estar volando no desde ayer sino desde hace casi 100 días; cabe apuntar que el alquiler de la máquina es de u$s 600.000 mensuales, por lo que el perjuicio económico del retraso ronda los u$s 2 millones.

Recalde se limitó a informar que el Airbus 340 «ayer despegó haciendo un vuelo regular a Miami con su capacidad completa». El otro «detalle» que omite la empresa -además de que el avión debía estar volando desde hace más de tres meses, de acuerdo con el contrato firmado con TAPME- es que no pudo despegar el domingo último hacia el mismo destino, ni el lunes a Roma, porque regresó de Brasil con graves fallas que fueron adelantadas el martes por este diario.

La máquina, una de las más grandes de la flota de Aerolíneas Argentinas, fue entregada por el taller de Río de Janeiro con la mitad de los servomotores que reclinan los asientos sin funcionar; también los técnicos de Aerolíneas detectaron fallas en el sistema de comunicaciones y en el APU (el motor que usa el avión en tierra y que puede hacer las veces de planta motriz de emergencia en vuelo en caso de ser necesario).

La dirección de Aerolíneas agrega también, respondiendo a las denuncias presentadas por Monner Sans, que la reparación fue contratada tras una compulsa de precios, a la que se convocó a una decena de empresas, y de la que participaron sólo tres. Si bien es cierto que se eligió la que cotizó el precio más bajo, también lo es que TAPME no cuenta con las herramientas, el «expertise» y hasta las habilitaciones necesarias para reparar un Airbus 340-300.

El comunicado de ayer agrega que «este tipo de contrataciones, durante las gestiones privadas, rara vez se hacía por licitaciones. Se dejaron de lado las contrataciones directas, que eran uso habitual en la compañía, y se ha pasado a la utilización de procedimientos transparentes como las licitaciones y los concursos de precios». Parece casi ocioso explicar que con su propia plata un privado contrata a quien quiere, mientras que en un funcionario público la transparencia en las contrataciones y el manejo de los bienes del Estado que se ponen bajo su custodia no son un mérito sino una obligación.

En tanto, Aerolíneas sigue afirmando que el convenio de TAPME se debió a «la necesidad de hacer un chequeo C del Airbus 340 LV BIT en talleres externos de la empresa». El sindicato que agrupa a los técnicos (APTA) continúa sosteniendo que en los talleres propios podía haberse hecho ese chequeo.