Mendoza elaboró un informe que presentó en la legislatura local donde pide modificar el régimen de coparticipación con mecanismos que simplifiquen el proceso y evite las transferencias discrecionales.
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La propuesta la desarrolló la vicegobernadora Laura Montero junto con el director de Hacienda del Senado, Alfonso Brandi. La iniciativa busca que del total de recursos el 56,66% vaya automáticamente a las provincias, el 42,34% automáticamente a la Nación, y un 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
El caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, tiene particularidades, ya que pide que se reconozca que es uno de los distritos perjudicados por el actual sistema de reparto. La porción para los cuyanos establecida en 1988 fue menor a la que correspondía por considerar que tenía regalías hidrocarburíferas, hoy en caída por el agotamiento de los yacimientos. Por eso, Mendoza no descarta incluso judicializar la cuestión. En esta línea, Cornejo participó la semana pasada en la cumbre de gobernadores para ponerle un freno a la demanda de la bonaerense María Eugenia Vidal sobre el Fondo del Conurbano.
Sobre este punto, la propuesta de Montero incluye eliminar ese fondo y otras detracciones como el Impuesto al Cheque, para "simplificar" el envío de remesas a las provincias.
En ese esquema todos los distritos se verían beneficiados, incluido Buenos Aires, de acuerdo a una simulación incluida en el trabajo de la vice mendocina.
Para el gobierno de Cornejo podría significar unos $4.000 millones más por año. En la danza de los millones, Montero aclaró que de beneficiarse a Vidal en su pedido a la Corte, la provincia perdería $2.000 millones anuales.
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