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Reflota Justicia alemana causa contra Siemens
Las afirmaciones fueron reflotadas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que dio a conocer además que 113 personas, entre ellas ex altos directivos de la compañía de telecomunicaciones, quedaron involucradas en la causa que investigan jueces locales. En la Argentina, el juez federal Ariel Lijo citó para el 15 de marzo a declaración indagatoria a 22 directivos de la casa matriz y de la filial local de la compañía.
El periódico alemán sostiene que la Fiscalía de Munich prepara una acusación contra el ex director encargado de América latina de Siemens Uriel Sharef, sospechoso de haber movilizado 17 millones de dólares para pagos irregulares en la Argentina. En Alemania creen que la firma utilizó en total cerca de u$s 50 millones para agilizar los contratos por los DNI. En la Argentina, en cambio, Lijo cree que la cifra se eleva a 106 millones de dólares.
Uno de los apartados del expediente citado alude a «un auditor de Buenos Aires que pudo haber entregado a un ex presidente argentino parte de un botín millonario».
«Un anterior ministro argentino del Interior pudo haber recibido de Siemens 6,4 millones de dólares a través de una empresa fantasma. Un ex secretario de Estado argentino es sospechoso de haber ejercido una presión sutil sobre Siemens para obtener 1,9 millón de dólares», cita el diario.
El proceso de contratación para la confección de los DNI abarcó desde el final del Gobierno de Carlos Menem hasta los primeros tiempos de la gestión de su sucesor, el radical Fernando de la Rúa, quien hizo caer el contrato. En la investigación se mencionan intentos de empezar a reflotarlo bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, durante la cual pudieron haber habido otros logros.
Siemens llegó a reconocer por escrito, en los Estados Unidos, que sus libros contables fueron violentados y que esa maniobra pudo facilitar el desvío de fondos para fines delictivos.
A principios de 2009 Siemens reconoció ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por su sigla en inglés) y el Ministerio de Justicia de ese país una serie de pagos irregulares para la obtención de contratos en varios países. En el caso de la Argentina, sólo admitió inconsistencias en sus asientos contables, pero no sobornos.


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