Reforma de ART que temen empresas, al Congreso

El Gobierno decidió enviar al Congreso el proyecto de modificación al régimen de ART antes que Cristina de Kirchner partiera a España. De hecho, con esa ley pretende abrir el período ordinario de sesiones, después de más de tres años que esa reforma espera en el Ministerio de Trabajo sin llegar a un acuerdo entre empresarios y sindicalistas. Pero ahora el proyecto se transformará en un símbolo de la convocatoria al Consejo Económico Social que se decidió hacerlo durante la visita a España.
Será el reinicio de los debates en el congreso después de un verano donde, en medio de las críticas de la oposición, el Gobierno no convocó a sesiones extraordinarias.
En realidad, el tratamiento de ese proyecto sobre ART fue el único punto que se acordó el domingo pasado en la reunión entre los empresarios que acompañaron a Cristina de Kirchner y los sindicalistas liderados por Hugo Moyano en el Hotel Intercontinental de Madrid.
Para los empresarios la reforma a la ley se volvió un problema desde que la Justicia comenzó a declarar inconstitucionales las indemnizaciones por accidentes de trabajo del régimen de aseguradoras y volvió a habilitar la vía del resarcimiento civil.
Prioridad
Ayer, tras su regreso a Buenos Aires desde Madrid, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confió que primer tema en que avanzará el Consejo Económico Social será la «la reforma de la ley de ART».
El punto más polémico del régimen para los empresarios es la limitación de la conocida como «doble vía» para los reclamos laborales vinculados a este sistema, esto es, por un lado a las aseguradoras y por otro, la posibilidad de accionar judicialmente contra los empleadores.
«He vuelto con una gran esperanza de que cada sector coopere y colabore con algunos puntos en los que aún hay diferencias», dijo Tomada, y agregó que «lo importante es que contemos con una ley equilibrada y que le dé certidumbre tanto a los empleadores como los trabajadores».
El proyecto que el Gobierno discutirá con empresarios y sindicalistas y luego enviará al Congreso ratifica la reforma que habilita una «doble vía excluyente» por la que el trabajador accidentado o sus herederos, en caso de muerte, podrán optar entre recibir la indemnización por el daño de una aseguradora de riesgos del trabajo o recurrir a la Justicia, pero al optar por alguna de las dos vías renunciará automáticamente a la otra.
Previsibilidad
Además de otras modificaciones, ésta es la solución a la que pudo llegar el Gobierno hasta ahora para dar previsibilidad a un sistema que se había vuelto riesgoso para las empresas al habilitar los jueces la vía de la responsabilidad civil en los casos de accidentes, multiplicando por tres al mismo tiempo la cantidad de juicios a empresas en los últimos años.
Para conseguir este efecto, el proyecto no sólo da la opción a los trabajadores, sino que establece mejoras sensibles en las indemnizaciones por accidentes de trabajo, de manera que aceptar el pago de la ART sea de alguna forma «competitivo» con la reparación que puede obtenerse por vía judicial. En la actualidad, las indemnizaciones judiciales son muy superiores a lo que ofrece una ART al damnificado.
En su regreso anticipado de Madrid, Tomada también confirmó que el Gobierno no apoyará el proyecto de los delegados de las líneas de subtes porteños para convocar a un plebiscito donde los trabajadores decidan si quieren separarse de la Unión Tranviarios Automotor. Fue el más claro agradecimiento a la lealtad que Moyano mostró con el Gobierno y sus problemas en los últimos años: «Este proyecto no tiene chance de prosperar, ni ninguna validez legal. Es totalmente falso que un proyecto de ese tipo genere más democracia», sentenció el ministro de Trabajo. La libertad sindical, por lo menos en los términos que lo entendió la Corte Suprema cuando quiso garantizar la libertad de agremiación, quedará para otro momento.