Refuerzo internacional clave al derecho a huelga

OIT acordó avanzar hacia un blindaje a la posibilidad de los gremios de llevar adelante acciones de protesta. Quejas de la UIA.

apoyo. Gerardo Martínez con el director general de OIT, Gilbert F. Houngbo.

Mientras en Argentina se debaten los derechos laborales al calor de la campaña electoral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio un paso clave en el fortalecimiento de la huelgacomo herramienta legítima y legal para la negociación entre patrones y trabajadores. El órgano multilateral votó a favor de la inclusión de ese derecho entre las prerrogativas tuteladas por el convenio 87 que refiere a los principios básicos de libertad sindical. Los márgenes de los trabajadores para llevar a cabo acciones de defensa y protesta irrumpieron en la campaña cuando Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, propuso la derogación del artículo 14 bis de la Constitución nacional que las protege.

Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la OIT el cuerpo aprobó por mayoría elevar a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva sobre la inclusión del derecho a la huelga entre los tutelados por el Convenio 87. Los intentos para hacerlo se remontan a 2012 cuando la representación de los empleadores ante ese órgano se retiró de la Comisión de Aplicación de Normas para evitar un pronunciamiento al respecto. En este caso la votación se llevó adelante y se resolvió a favor de la propuesta con 33 sufragios positivos, 21 en contra y 2 abstenciones.

Los representantes que participaron de la jornada valoraron el aporte de las representaciones de América Latina y la Unión Europea para torcer la negativa de los empresarios. Entre los impulsores se encontraba el sindicalista argentino Gerardo Martínez, secretario general del gremio de la construcción (UOCRA) y responsable del área de Internacionales de la CGT. El dirigente explicó que la votación habilitará llevar la defensa del derecho de huelga a la Corte Internacional de Justicia.

“No hay libertad sindical posible sin la posibilidad de ejercer el derecho a la huelga, no hay negociación colectiva progresista en la generación de derechos sin la presión colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, y no hay desarrollo humano sustentable sin una justicia social garantizada por el diálogo social institucionalizado, respetado y garantizado por una gobernanza global centrada en la igualdad y la equidad para todos y todas”, señaló Martínez. Por su parte, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se quejó por el desenlace en la OIT: “Lamento que el tema no se haya resuelto por diálogo social; tercerizar el pronunciamiento a través del envío a la Corte Internacional implica una claudicación a la construcción del consenso”. “El camino elegido por los trabajadores termina demostrando la debilidad de la propia OIT”, agregó a Ámbito.

El Convenio 87 de la OIT, votado en 1948, es el que establece los parámetros mínimos de garantías para la libertad de asociación y protección para las organizaciones de los trabajadores en los países miembros. Años atrás la Argentina sufrió algunas objeciones por consagrar en su legislación la preeminencia de un único sindicato por rama de actividad, eje de los cuestionamientos de la CTA desde su constitución como central paralela de la CGT.

No obstante, la norma internacional está por debajo de la Constitución argentina en términos protectorios: a diferencia del convenio de OIT, la Carta Magna consagra el derecho de huelga en su artículo 14 bis. “Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”, señala el articulado incluido en 1957.

El derecho de huelga fue uno de los tantos ítems que dejaron en veredas enfrentadas a Sergio Massa y a Milei. Mientras el candidato de Unión por la Patria basó buena parte de su campaña en una prédica a favor de los trabajadores y sus representantes, así como de los derechos laborales consagrados en la Constitución y en las normas vigentes, el libertario llegó a plantear la derogación del artículo constitucional y proponer márgenes amplios de discrecionalidad a favor de los empresarios para contratar y despedir.