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Remedios: más control a las compras del Estado y gremios
Cristina de Kirchner anunció ayer que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, «orientará» las compras de remedios de las obras sociales con fondos de empleadores y trabajadores. En el acto no hubo gremialistas.
El esquema, en rigor, había sido lanzado y su normativa publicada en el Boletín Oficial el mes pasado, pero Cristina de Kirchner eligió ponerlo ayer en escena como un mensaje más en su avanzada contra los gremios de la CGT. En el mismo acto en la Casa Rosada firmó el decreto que promulgó la ley de regulación de la medicina privada, sancionada hace dos semanas por el Congreso.
Acerca de los medicamentos, la Presidente dio a conocer por la cadena nacional también la firma de un convenio para «utilizar el poder de compra del Estado para lograr mejores precios». Ese acuerdo tendrá la participación del PAMI y los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Se trata, dijo la mandataria, de un plan más amplio para «darle mucha transparencia al sistema».
La repetida alusión a la transparencia está inscripta en un discurso presidencial que arrancó la semana pasada y que tiene como principales destinatarios a los sindicatos de la CGT, en particular a su jefe, Hugo Moyano. En las dos apariciones públicas previas, la Presidente se declaró víctima de las presiones gremiales y las atribuyó a sectores con salarios altos, en un mensaje inequívoco a los camioneros y a los petroleros.
En este caso, avanzó sobre uno de los principales temores del líder de la CGT: la investigación judicial sobre las obras sociales. El eje de esa pesquisa son los cobros presuntamente irregulares de fondos públicos por parte de las organizaciones sindicales por tratamientos que, de acuerdo con las sospechas, nunca fueron brindados. Y también, la supuesta comercialización de medicamentos falsificados, vencidos o robados.
La causa principal por la «mafia de los medicamentos», que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, llevó a la cárcel al jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y puso tras las rejas por 36 horas al líder de los peones rurales, Gerónimo Venegas. Otro expediente, a cargo del también juez federal Claudio Bonadío, mantiene procesados a dirigentes, funcionarios y empresarios del entorno de Moyano.
El esquema de trazabilidad contemplará desde la producción de los medicamentos, a cargo de los laboratorios, hasta la compra por parte del paciente, con los eslabones intermedios de droguerías y farmacias.
Además de anunciar que habrá un nuevo sistema de compras del PAMI para abaratar remedios, la mandataria invitó a las obras sociales a formar una suerte de pool de compras para conseguir el mismo objetivo. De este modo, terminó de descartar una hipótesis que había estudiado el Gobierno de crear un banco de drogas para poner fin al sistema de reintegros que rige en la actualidad, y que está en la mira de la Justicia por presuntas irregularidades.
Respecto de las prepagas, dijo que la promulgación de la ley votada en el Congreso apunta a controlar al sector y no a anularles rentabilidad a las empresas. «La ley no va a fundir a nadie. Si algo le interesa a este Gobierno es que no cierre ninguna empresa; es más, cuando alguna tuvo algún problema, los ayudamos a pagar los sueldos», destacó.
Justificó el incremento de los controles contemplado en la normativa al señalar que «el 80% de los que tienen medicina prepaga están en cinco empresas» y que existen más quejas de parte de los usuarios de las empresas privadas que del sistema de salud de las obras sociales. Recordó, además, que entre 2003 y 2010 las prepagas incrementaron su recaudación 526 por ciento.


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