Resuelve Cámara en horas si Pedraza se va a su casa

Un grupo que respaldaba al sindicalista José Pedraza y otro del Partido Obrero quedaron separados apenas por un vallado policial, dispuesto para prevenir incidentes.

La defensa del sindicalista José Pedraza, detenido desde hace cinco semanas, planteó su inmediata liberación y la revocatoria del procesamiento que pesa en su contra por su presunta responsabilidad en el crimen del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. Lo hizo en una audiencia ante la Cámara del Crimen, signada por manifestaciones en la calle de adherentes al PO y del gremio Unión Ferroviaria (UF), separadas por apenas metros de distancia. El Tribunal tendrá tiempo de definir hasta el jueves próximo.

Los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos escucharon al abogado Carlos Froment, defensor de Pedraza y del segundo en la estructura del sindicato, Juan Carlos «Gallego» Fernández, también detenido el 22 de febrero último. Además, plantearon sus argumentos el fiscal Fernando Fiszer y los representantes de la familia Ferreyra, así como de los tres heridos que dejó el ataque de una patota, presuntamente organizada por la UF, el 20 de octubre último en Barracas.

Froment objetó el procesamiento y la prisión preventiva de Pedraza por entender que la jueza de Instrucción Susana Wilma López tomó esas decisiones con «arbitrariedad», «sin fundamentación suficiente», y de manera «prematura».

Según el abogado, faltaron pruebas de la supuesta «cadena de instigación» planteada por la magistrada para inculpar a Pedraza y a Fernández. Sobre este punto, mencionó que Pedraza no tuvo contacto alguno con el delegado Pablo Díaz, que estaba en el lugar de los incidentes y fue señalado como reclutador de la patota. Y respecto de Fernández, consideró que las llamadas cruzadas con Díaz -sin sus respectivas desgrabaciones- no constituyen un elemento concreto para la acu-sación.

La exposición de Froment también intentó rebatir el argumento de la jueza y el fiscal acerca de un riesgo de fuga de los jefes del sindicato. Y minimizar el rol de empresario que la magistrada le adjudicó a Pedraza al dictarle el procesamiento. El letrado consideró que así como hay dirigentes del gremio en la jefatura de la cooperativa Unión del Mercosur, también los hay en el Belgrano Cargas, y dijo que eso no significa que tengan el manejo efectivo de esas compañías.

Imputación

La jueza acusó a Pedraza de presuntamente instigar el crimen de Ferreyra para «aleccionar a los tercerizados» que realizaban protestas, y de ese modo dejar a salvo los supuestos intereses económicos del gremio en empresas tercerizadas.

En la audiencia de ayer, tanto el fiscal Fiszer como los querellantes coincidieron en que Pedraza y Fernández dirigían y avalaban el accionar del grupo de violentos que atacó a los tercerizados. «Su responsabilidad surge del lugar que ocupaban y por la forma en que se fueron vinculando con quienes cometieron la acción», apuntó el fiscal para sostener la validez de los procesamientos y de los encarcelamientos preventivos.

Antes del inicio, manifestantes de la UF y el PO se concentraron en las puertas de los tribunales, en Talcahuano 550, y en la sede de la Cámara del Crimen, en Viamonte al 1100, con consignas a favor y en contra, respectivamente, del líder ferroviario. La posibilidad de incidentes obligó a montar un dispositivo con efectivos de la Policía Federal que dividió a ambos grupos.