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Revelan pacto de EE.UU. y España para no juzgar la muerte de un cronista
El humor de Ippóliti sobre los informes de «inteligencia» de EE.UU.
La Casa Blanca, que habría presionado al Gobierno y a la Justicia del país, estaba particularmente preocupada por la causas abiertas por la muerte en Irak del camarógrafo del canal Telecinco José Couso, los vuelos secretos de la CIA con presuntos terroristas o las torturas en el centro de internamiento de Guantánamo.
La fiscalía general del Estado, cuyo titular, Cándido Conde- Pumpido, es uno de los contactos citados y acusado por la oposición de ser próximo a los deseos de Zapatero, negó ayer haber cedido a cualquier tipo de presiones, al enfatizar que actúa con «absoluta autonomía» y «sobre la base de criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa».
Lo que no impide, agrega, mantener una «estrecha y fructífera relación de cooperación» con la fiscalía de los Estados Unidos y atender las solicitudes de información sobre asuntos de interés mutuo, «que siempre se formularon dentro del absoluto respeto a la independencia de la Justicia española».
También la ministra de Relaciones Exteriores, Trinidad Jiménez, salió en defensa de la independencia de la Justicia y el Gobierno. «Es absolutamente falso que hubiera algún tipo de presión», manifestó tajante.
Según los documentos de WikiLeaks reproducidos por El País, Conde-Pumpido manifestó en julio de 2007 al embajador de Estados Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, que él deseaba que se archivara el «caso Couso».
Tres meses antes, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, habría informado a la embajada que él se había opuesto al procesamiento de los tres militares estadounidenses acusados por la muerte de Couso, una información que apareció en la prensa cinco días después. En otros casos, la versión de la embajada da a entender que fiscales españoles explicaron a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces.
De esa interpretación precisamente duda el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ayer subrayó que las decisiones de los fiscales «no pueden ser más claras y transparentes» y que éstas se adoptan «siempre fundadas y argumentadas en derecho».
En sus palabras, los documentos de WikiLeaks son una información en parte, basada en valoraciones subjetivas que se permiten en entornos discretos y que ahora «se descontextualizan», lo que a juicio del ministro afecta a todas sus eventuales interpretaciones.
Según los documentos aportados por WikiLeaks, entre los interlocutores de los diplomáticos de Estados Unidos estaban funcionarios del Gobierno, como la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández, y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado; y Agustín Santos, jefe de Gabinete del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
La causa judicial por la muerte de Couso es llevada por la Audiencia Nacional en Madrid, después de que la Corte Suprema anulara en dos ocasiones el archivo del caso. En julio pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó la búsqueda y captura para su ingreso en prisión de los tres militares estadounidenses acusados de la muerte del camarógrafo.
En otro de los casos, el periódico relata que en abril de 2009, Zaragoza telefoneó a la embajada estadounidense y juró que haría lo posible para que la investigación de las presuntas torturas en Guantánamo no cayera en las manos del juez Baltasar Garzón, ahora apartado temporalmente de sus funciones.
«Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes», publicó el diario.
En medio del revuelo, el embajador Solomont emitió un comunicado en el que expresó su «confianza» en que la filtración de documentos «no dañará las excelentes relaciones entre España y Estados Unidos».
Aunque dijo que no puede confirmar que los documentos filtrados pertenecen efectivamente al Departamento de Estado de su país, recordó que los cables diplomáticos son, por su naturaleza, informes subjetivos e incompletos, y no reflejan la opinión de los líderes ni las políticas estadounidenses. «España y Estados Unidos tienen una importante agenda de cooperación», añadió. «No nos distraeremos con lo que a menudo se traduce en distorsiones y chismes extraídos de cables», insistió.
WikiLeaks entregó 251.000 documentos clasificados del Departamento de Estado norteamericano a varios diarios y a un semanario, que comenzaron a divulgarlos el domingo.
Agencias DPA, Reuters, AFP, ANSA y DPA
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