Irregularidades de diverso tipo quedaron a la luz en seguimiento de causa que ordenó su saneamiento. Nadie pudo responder preguntas del tribunal. Desalojaron a vecinos que reclaman su relocalización.
Audiencia. Con menos concurrencia que las últimas convocatorias públicas, Ricardo Lorenzetti presidió el encuentro junto con Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
A ocho años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo y dispuso un plan integral para avanzar en la relocalización de los habitantes del camino de Sirga, el "grado de avance" en el cumplimiento de esas medidas puede ser calificado de catastrófico. Luego de que la Corte en pleno escuchara a diversos expositores en la jornada de ayer, una serie de irregularidades quedó expuesta por parte de los responsables, que son los distritos de la Nación, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, sumados a otros entes que debían colaborar. Uno de los más críticos fue el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que destacó que el proyecto tuvo un presupuesto con "deficiencias", "plazos vencidos", "mayores costos" (de hasta un 134%) y "falencias" que impiden evaluar su cumplimiento.
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En el cuarto piso del Palacio de Justicia, primero expusieron las partes y luego los representantes del Estado nacional, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y la empresa estatal AySA debieron responder a las preguntas de los jueces de la Corte. Afuera se manifestaron vecinos de la zona que reclaman su relocalización, que ha sido solo efectivizada en un porcentaje mínimo. De los expositores, no hubo un solo dato concreto que diera una pista sobre la cantidad de personas afectadas, grado de contaminación, plazos posibles de cumplimiento y proyección de obras pendientes. La Corte quedó frente a una situación crítica al revisar qué nivel de cumplimiento tuvo su propia sentencia.
Por el Estado nacional participaron el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, quienes delegaron en funcionarios técnicos las respuestas a las preguntas específicas que hizo el tribunal. Cuando se interrogó sobre los indicadores de evaluación de la contaminación, las respuestas fueron vagas, a tal punto que el juez Horacio Rosatti replicó: "Si no podemos establecer un diálogo con quien pueda responder las preguntas es difícil hacer un seguimiento del cumplimiento del fallo". Los objetivos del denominado fallo "Mendoza" no se cumplieron, aunque los técnicos convocados de la actual gestión responsabilizaron al Gobierno anterior por los incumplimientos y consideraron que el panorama a su llegada era "desolador".
Pero también hubo quejas cruzadas de representantes de las ONG que integran el cuerpo colegiado que interviene en la causa contra el deficiente control de la Acumar. La AGN sentenció que los objetivos planteados por la Corte "no han sido cumplidos". En paralelo, habitantes de las villas 21 y 24, en la zona de Barracas, que no habían sido admitidos por la Corte como parte de la audiencia, fueron desalojados al enésimo grito de "mentira" ante las afirmaciones de los funcionarios. Los delegados rebatieron los datos que presentaba la administración porteña como avances (tales como la erradicación de basurales o las construcciones clandestinas) con el dato de que el 25% de los niños tienen "plomo en la sangre".
La audiencia dejó un sabor amargo a los cinco jueces supremos, pero también a los jueces federales que tienen delegado el seguimiento del fallo que ordenó el saneamiento, que son el porteño Sergio Torres y el de Morón, Jorge Rodríguez. Se estima que cerca de siete millones de personas están afectadas por algún grado de contaminación vinculada con el recorrido de la cuenca Matanza Riachuelo.
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