Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio quieren que ningún salario público supere al del Presidente, según la iniciativa del radical Alejandro Cacace (San Luis) y de colegas macristas que se presentó en las últimas horas en la Cámara baja, en medio de las turbulencias financieras y la discusión en el Congreso por los aumentos acordados entre los gremios legislativos con Cristina de Kirchner y Sergio Massa.
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Salarios públicos: JxC pide que ninguno pase al del Presidente
Los legisladores de la oposición utilizan de ejemplo a la Corte Suprema de Justicia, con magistrados que reciben casi un millón de pesos.
“En este contexto, debe destacarse la fuerte desigualdad que hay entre los altos funcionarios de los tres poderes del Estado y el resto de los argentinos. Hoy en día, por ejemplo, un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra un sueldo básico de $963,581.34, sin contar adicionales como la antigüedad. Esto los pone más de 21 veces arriba de un Salario Mínimo, que es actualmente de $45.540. La brecha salarial entre estos y la población es enorme”, argumenta Cacace junto a compañeras de bancada como Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba).
Por otra parte, los legisladores detallan: “El empleo público representa más de 12 puntos porcentuales del PBI, el más alto de la región y por encima del promedio de los países de la OCDE . Según los últimos datos publicados de junio de 2021, el Presidente ganaba $494.080,98. Si bien la vicepresidenta renunció a recibir su sueldo por ese cargo desde abril del 2021, cobra actualmente más de $4.000.000 en concepto de su doble pensión como expresidente y por su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Un ministro, mientras tanto, ganaba a fines de 2020 $435.509,43. La gran estructura administrativa del Ejecutivo y sus organismos y entes descentralizados hace que éste sea uno de los mayores responsables del gasto público destinado a personal de los tres poderes del Estado”.
Tras recordar antecedentes nacionales, los legisladores apuntaron a medidas propuestas en el plano local y no sólo en provincias “opositoras”, sino también del oficialismo, como el caso de Chaco, en 2018. En esa línea, destacan: “En el marco de la declaración de emergencia social y alimentaria, el entonces gobernador envió un proyecto de ley que fijaba un tope de 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles a los haberes de los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, por 12 meses, invitando al Poder Judicial y Legislativo a adherirse. Además, en marzo del 2020 el Poder Ejecutivo de Mendoza decidió, por un mes, limitar sus ingresos de todos sus funcionarios a $50.000 netos, a la cual se adhirió el Poder Legislativo”.
Para los diputados, es necesario “terminar con los privilegios de aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que cobran sueldos exorbitantes cuando se suman sus haberes por todo concepto, y derogar los regímenes jubilatorios de privilegio de los que son beneficiarios, y que virtualmente, los pone un pedestal arriba del resto de los argentinos, lo cual va en contra del artículo 16 de la Constitución Nacional y el espíritu del mismo como lo concibió el constituyente”.
En otro tramo de los fundamentos, los legisladores agregan: “Es notable la disparidad con el resto de los argentinos, que puede ilustrarse con el monto actual del Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $45.540. Así como se impulsó en su momento en el Chaco, debe establecerse un tope salarial para todos los funcionarios del sector público, que en este caso será dado por el que corresponda al Presidente de la Nación”.


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