Schoklender apela a dichos del Gobierno para pedir absolución

Hebe de Bonafini

Sergio Schoklender pedirá este lunes ser sobreseído en la causa en su contra por presunta defraudación con dos aliados inesperados: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. El exapoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo le adelantó a este diario que presentará un escrito al juez federal Norberto Oyarbide en el que reclamará ser exculpado sobre la base de los dichos de ambos funcionarios, que en los últimos días aseguraron que el escándalo no afectó fondos públicos.

Como informó ayer este diario, el objetivo de Schoklender será apelar a esa línea argumental para quitarle el expediente a Oyarbide y pasarlo de la Justicia Federal a la ordinaria. De prosperar la iniciativa, el exapoderado pasará de ser acusado de defraudación a la administración pública a serlo por presunta administración infiel, una figura delictiva que prevé una pena menor y que, según sus colaboradores, guarda mayor dificultad de ser probada.

«Algo que no es delito de repente se transformó en una megacausa de más de 70 cuerpos de expediente, y que ahora se desinfló. Basta escuchar a De Vido y a Aníbal Fernández para entender que no hubo un perjuicio al Estado. Y que si no lo hubo, no tiene por qué investigarse como un delito federal», detalló el ex mano derecha de Hebe de Bonafini.

No será la primera vez que Schoklender pedirá ser sobreseído. Ya lo había hecho semanas atrás mediante sus entonces abogados, Adrián Tenca y Horacio Pitrau, a través de un escrito en el que repasaba los delitos que se le imputaban y los motivos por los que a su criterio no lo tenían como ejecutor.

En esa ocasión, mencionó la figura de «malversación de caudales públicos», de la que dijo estar desligado por no ser funcionario. Con el mismo argumento dijo estar a salvo de la sospecha de enriquecimiento ilícito. Y en cuanto a la acusación por presunto lavado de dinero, se basó en la vigencia de la antigua ley -reemplazada por la normativa que en mayo sancionó el Congreso- según la cual una persona no puede ser juzgada por un ilícito y por la maniobra de lavado del dinero obtenido por esa maniobra al mismo tiempo.

La estrategia pareció servida en bandeja por los funcionarios que más denostaron a Schoklender en las últimas semanas. De Vido había dicho que el exapoderado «estafó a las Madres y no al Estado argentino». El jefe de Gabinete, por su parte, declaró esta semana que el escándalo judicial estaba basado en un posible delito de «administración infiel» en el que «no tuvo nada que ver el Estado» como pagador de las obras de la Misión Sueños Compartidos.

El mayor de los hermanos Schoklender volverá hoy a tribunales para monitorear el avance de un pedido que le planteó al fiscal Jorge Di Lello para recuperar documentos de Meldorek. Es la empresa de la que primero buscó desligarse pero luego se descubrió que poseía el 90% de las acciones. Los papeles, alegó, serán para intentar una regularización de la situación de la compañía, en virtual parálisis a partir del escándalo. En caso de no reactivarla en lo inmediato, advirtió que la llevará a concurso de acreedores. Con ese fin, ya designó al abogado Pedro Frankenthal, especialista en la materia.