Schoklender, contra Gendarmería

Sergio Schoklender denunciará a uno de los peritos que intervienen en el estudio encargado por el juez federal Norberto Oyarbide para determinar la veracidad de una firma atribuida a Hebe de Bonafini en un contrato entre las Madres de Plaza de Mayo y la empresa Meldorek, propiedad del exapoderado de la entidad. El mayor de los Schoklender presentará hoy una demanda por presunto falso testimonio contra un especialista de la Gendarmería nacional, por entender que habría forzado un dictamen relacionado con la posible falsedad de la rúbrica de la dirigente de derechos humanos.

Oyarbide trabajará esta semana sobre los resultados de la segunda pericia que ordenó sobre el contrato. El primer estudio dictaminó que la firma sindicada como de Bonafini era apócrifa y Schoklender impugnó el trabajo al alegar que no se le había permitido nombrar peritos de parte. El viernes pasado, la Cámara Federal rechazó esa pretensión del exapoderado por entender que había una segunda pericia en marcha, lo que convertía en abstracto su reclamo.

El contrato en cuestión fue uno de los primeros documentos aportados por el exapoderado en la causa poco después de iniciarse en el fuero federal, en junio del año pasado. Según esos papeles, la asociación Madres de Plaza de Mayo supuestamente acordaba pagarle a Meldorek, la constructora de Schoklender, a cambio de las viviendas construidas para el programa Sueños Compartidos.

El contrato llamó la atención de los fiscales Jorge Di Lello y Raúl Plée (convocado a colaborar en el expediente), que entendían que Madres no tenía necesidad de acudir a una empresa privada por contar con sus propios operarios, maquinarias y fondos obtenidos de los Gobiernos nacional, provinciales y municipales.

La eventual veracidad de ese documento complicaría la situación de Hebe de Bonafini, que no figura como imputada en la causa ni entre las personas cuya declaración indagatoria reclamó Di Lello.

Oyarbide tenía previsto esta semana contar con la definición de la segunda pericia, así como de los resultados pendientes de un informe de la División Patrimoniales de la Policía Federal, en el que supuestamente constan los movimientos de dinero de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y de sus socios y allegados. En la causa por presunta administración fraudulenta figuran como sospechosas más de 60 personas, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de la jefa de las Madres.