Schoklender quiere salir del corralito del juez Oyarbide

Mientras espera el levantamiento del secreto de sumario, Sergio Schoklender analiza sus alternativas en la causa en su contra por presunta defraudación con fondos públicos en el manejo de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

El exapoderado estudia un mecanismo para quitarle el expediente al juez federal Norberto Oyarbide y remitirlo a la Justicia ordinaria. Para encarar esa estrategia se valió de las últimas declaraciones de funcionarios que afirmaron que las presuntas irregularidades en la organización no afectaron fondos públicos.

Esas afirmaciones, que corrieron por cuenta del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Planificación, Julio De Vido, tranquilizaron a Schoklender, que mantuvo su raid por tribunales pero redujo su exposición mediática. Incluso suspendió la iniciativa que había trazado la semana pasada de instalarse en el juzgado de Oyarbide hasta tanto fuese indagado. «Me voy a portar como un abogado respetuoso», le explicó a este diario cuando se le consultó por los motivos para no llevar a cabo el «acampe».

De Vido y Aníbal Fernández hablaron esta semana sobre el caso y sus declaraciones resultaron sugestivas. El titular de Planificación dijo que Schoklender «estafó a las Madres y no al Estado argentino», en tanto que el ministro coordinador se refirió al caso como un posible delito de «administración infiel» contra la fundación. Y arriesgó que «no tuvo nada que ver el Estado».

Se trata de la misma línea que adoptó el Gobierno en pleno escándalo por el supuesto pago de sobreprecios en la contratación de obras públicas con la multinacional Skanska. «Es un caso de corrupción entre privados», declaró en varias oportunidades De Vido.

Cerca de Schoklender interpretaron los dichos como una señal esperada. Días atrás en su entorno habían deslizado que la baja en la exposición pública del exapoderado tenía que ver con posibles recomendaciones desde el Ejecutivo de que se tranquilizara porque obtendría novedades favorables.

En rigor, el fiscal Jorge Di Lello aguarda también el levantamiento de la veda informativa en la causa para analizar si existieron delitos federales. La duda quedó planteada desde el comienzo de la investigación, en junio, y todavía no fue zanjada.

El propio Schoklender, en su tour mediático de los últimos días, contestó siempre lo mismo cuando se le consultó sobre las múltiples propiedades, bienes y vehículos de alta gama que se le atribuyeron: «No soy funcionario público».

De prosperar esa línea, Schoklender pasaría de ser acusado por presunta defraudación contra la administración pública, que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión, a serlo por administración infiel, con condenas de 1 mes a seis años. La especulación pasa por el hecho de que el último delito guarda mayor dificultad para ser probado, y que además hasta 2009 la gestión de Schoklender como apoderado había contado con el aval -y hasta las felicitaciones- del Consejo de Administración de Madres.

El exapoderado, sin embargo, sólo mostrará esa carta una vez levantado el secreto y frente a la instancia de ser llamado a prestar declaración indagatoria.

La sombra para esta estrategia es otro fiscal, el jefe de la unidad antilavado Raúl Pleé. Sin ser el funcionario a cargo del expediente, pero con participación por pedido expreso de Oyarbide y Di Lello, el fiscal le envió a su colega un cuerpo de documentación en el que constan acusaciones contra los hermanos Schoklender y otras trece personas por supuesto blanqueo de capitales.