Scioli negocia cambios en impuestos

• Acuerdo con FAP para escalonar suba en revalúo.• Nación insiste en que se aplique sin modificaciones y por decreto

Daniel Scioli, Marcelo Díaz, Silvina Batakis

A pesar de los febriles intentos de negociación con los bloques de la oposición y el propio Gobierno nacional, el oficialismo de Buenos Aires no logró tampoco ayer el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar en la aprobación de la ley impositiva que pretende el gobernador Daniel Scioli. Las conversaciones se estancaron anoche y obligaron, por tercera vez, a postergar para la próxima semana el intento de debate parlamentario. A diferencia de los últimos tanteos, el de ayer fue cancelado por el propio justicialismo.

El fracaso de la convocatoria encontraba diversas justificaciones. Por un lado, el Gobierno nacional habría objetado las modificaciones al proyecto original que durante todo el día acordaron los legisladores del Frente para la Victoria con el bloque del Frente Amplio Progresista (FAP), y lograr así el número necesario de legisladores para habilitar el tratamiento en la cámara tras la negativa del bloque radical de acompañar el proyecto del oficialismo.

En esencia, esos cambios apuntan a trasladar a la provincia el modelo de aumento progresivo a cinco años en el Inmobiliario Rural que impulsa el Gobierno socialista de Santa Fe, sobre una base imponible mayor. Del 30% o el 50% actual, al 80%/100% en la hipotética reforma.

Por el otro, subyace en las entrañas del tironeo el internismo latente entre el sciolismo y el kirchnerismo. La pulseada tuvo como protagonista ayer al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien recomendó a Scioli que aplique por decreto el revalúo que resiste a capa y espada el campo.

«La Legislatura le dio al gobernador las facultades para disponer un revalúo general en la provincia, es decir, para revaluar todos los campos en la provincia de Buenos Aires», lanzó, temprano, el titular del Palacio de Hacienda.

Esa maniobra encierra, en rigor, un alto costo político para el gobernador. Por eso ayer en su entorno ensayaban tecnicismos para repeler la posibilidad. «El Código Fiscal no lo permite», lo cruzó la ministra de Economía, Silvina Batakis.

El acuerdo con el FAP binnerista, fuerza política que es Gobierno en Santa Fe, había sido fruto de una serie de contactos entre el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Ottavis, y el titular del bloque socialista, el lomense Marcelo Díaz.

La otra modificación que se esperaba pudiera destrabar la sanción completa de la norma (ya tiene media sanción del Senado) es la eliminación de los artículos que gravaban impositivamente a las cooperativas con el Impuesto a los Ingresos Brutos que, en rigor, tenía el visto bueno del conjunto de las fuerzas políticas.

Además del revalúo a cinco años, la propuesta del FAP también contempla una cuarta cuota extraordinaria del Inmobiliario Rural para el ejercicio actual, que alcanzará al 70% del sector, representado por pequeños y medianos productores.

Las dificultades que sufre Scioli en las últimas horas para conseguir el paquete de subas impositivas tienen impacto directo en las cuentas de la Casa Rosada, de la mano de la dilatación de un revalúo fiscal que empujaría de inmediato a muchos propietarios de tierras rentistas a pagar el Impuesto a los Bienes Personales que cobra Nación.

Pierde el Ejecutivo bonaerense al no ver alumbrar un ramillete de incrementos tributarios -en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural- con los que apuesta a recaudar $ 2.600 millones adicionales ($ 1.000 millones para municipios), y que incluye además un pedido de endeudamiento por otros $ 2.200 millones.

Pero además se ve impactada la Casa Rosada, que espera sumar un mayor número de contribuyentes en condiciones de pagar Bienes Personales, al perforar con ese revalúo la barrera de $ 305 mil. En rigor, en este rubro el monto a recaudar para las cuentas provinciales es menor y, de hecho, hoy el campo otorga a la provincia, a través del Impuesto Inmobiliario, sólo el 1% de la recaudación propia.

El proyecto de ley incluye alzas de entre el 30% y el 40% promedio -según el oficialismo- del Inmobiliario Rural, a partir de un revalúo de tierras. Pero las entidades del campo denuncian que la actualización de las valuaciones llega a más del 1.300%.