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Se abre un calvario con tres procesos
Un grupo de simpatizantes de Baltasar Garzón acudió ayer a expresarle su apoyo en el inicio del primer juicio en su contra. Reprocharon al Tribunal Supremo de Madrid que dé curso a las denuncias de los acusados de corrupción por el magistrado.
En la primera causa abierta en su contra, y por la que fue suspendido de sus funciones, se le imputa haber investigado los crímenes de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), juicio que se abrirá el martes próximo.
La instancia superior judicial española lo suspendió de funciones después de que el magistrado Luciano Varela abriera contra él un juicio oral por presunto prevaricato al investigar los crímenes del franquismo.
En 2008 Garzón se había declarado competente para investigar los crímenes del franquismo por constituir crímenes contra la humanidad, aunque posteriormente se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas de las víctimas.
Varela argumentó que Garzón «decidió conscientemente ignorar u orillar» la Ley de Amnistía de 1977.
La acusación pide 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricato.
En el juicio abierto ayer, Garzón está acusado de prevaricato por haber ordenado intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados de una trama de corrupción.
La acusación pide entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido las comunicaciones en prisión entre algunos abogados del «caso Gürtel», trama vinculada al Partido Popular (PP) y sus clientes.
Connivencia
Garzón ordenó intervenir las conversaciones al considerar que podría existir connivencia entre los abogados y sus clientes para esquivar del alcance de la Justicia española «millones de euros» ocultados en el extranjero.
Garzón asegura que eliminó las conversaciones que afectaban a la estrategia de defensa mientras que el juez instructor del caso, Alberto Jorge Barreiro, sostiene que Garzón quiso conocer «indebidamente» la estrategia de defensa de sus abogados.
Los jefes de la trama de corrupción Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes ejercen la acusación, fueron encarcelados por Garzón por haber repartido presuntamente dinero, trajes y regalos, entre funcionarios del PP para conseguir contratos.
En fase de instrucción continúa otra causa abierta en contra de Garzón, relacionada con unos cursos que organizó en la Universidad de Nueva York cuando disfrutaba de un permiso de estudios entre 2005 y 2006.
Según los querellantes, Garzón financió los cursos con dinero del Banco Santander y meses después archivó una querella contra su presidente, Emilio Botín, por lo que lo acusan de prevaricato y cohecho.
Agencia ANSA
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