Se acelera causa por apremios en la Fuerza Aérea

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En medio del nuevo sacudón al Gobierno por sospechas de ordenar espionaje a opositores, la Cámara Federal porteña estudia qué juez es competente para continuar con las investigaciones acerca de la presunta violación de la ley de inteligencia que se habría cometido en la Fuerza Aérea en el marco de una investigación interna sobre robo de armas de la guarnición Aeroparque que ocurrió en 2010.

El expediente está tipificado bajo el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público y tiene a Nilda Garré entre los posibles infractores, además del jefe y subjefe de la Fuerza Aérea, brigadieres Normando Costantino y Raúl Acosta, del jefe de Inteligencia, brigadier Rodolfo Centurión y del extitular de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, licenciado Carlos Aguilar.

Dos jueces federales, Daniel Rafecas y Sergio Torres, soplan la pluma: la carpeta de la pesquisa contiene datos que de probarse ciertos, obligarían a comparecer a la actual ministra de Seguridad que por aquel entonces ejercía la jefatura castrense en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa.

Interrogatorios

La causa Nº 15.211/10 se inició a raíz de declaraciones de un soldado voluntario sobre presuntos apremios ilegales e interrogatorios severos contra el personal de la sala de armas de la que faltaron pistolas ametralladoras y armas cortas.

Las actividades supervisadas por el propio Centurión habrían sucedido en el marco de una investigación interna de la dirección de inteligencia de la fuerza ordenada por el jefe Costantino, con el propósito de reunir datos sobre el armamento faltante y los posibles responsables, función prohibida por la ley de Inteligencia Nº 25.520.

El magistrado Rafecas fue el primer instructor, luego de meses ordenó el archivo del expediente hasta que a fines de diciembre de 2011 se aportó un nuevo elemento de prueba: copia del acta labrada por la entonces directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Ileana Arduino con detalles de los apremios e identificación de los interrogadores.

Testimonios

Rafecas entendió que el documento presentado era un tema distinto del expediente que ya había archivado. Se sorteó la nueva causa Nº 15.183/11 y recayó en el tribunal federal Nº 12 de Sergio Torres. El magistrado Torres antes de la feria judicial recibió el caldero hirviente: la instrucción de Rafecas más la copia del «acta» que firma Arduino y la abogada Andrea Bonardo, fechada el 25 de agosto de 2010 en la que se deja constancia de las personas involucradas y los hechos sucedidos en torno a los apremios ilegales. Todo colectado por las dos funcionarias enviadas por Garré, en base a testimonios de los apremiados. A principios de febrero Torres se declaró incompetente y devolvió la causa a su colega Rafecas, evaluó que este último era el magistrado originario de un mismo proceso investigativo. Ahora la Cámara Federal deberá resolver quién sigue con la pesquisa, el acta de la discordia probaría que miembros civiles y militares de la jefatura de inteligencia, al mando del brigadier Centurión, llevaron a cabo interrogatorios bajo presión. Que habrían participado «entre 38 y 40 agentes», dato surgido de los «pases de almuerzo que fueron administrados en esos días», que «no ingresaron con las tarjetas identificatorias que la unidad tiene a los efectos de distinguir la condición de las personas que ingresan habitualmente», que los interrogatorios eran repetidos y a todas horas «incluso cuando eso demandaba levantar al personal que ya estaba dormido», que se vio «a un suboficial de civil con arma en la cintura» y que «esa misma persona tenía un par de esposas que se las vieron cuando fue a efectuar la requisa de los cofres», que durante el interrogatorio «había muchas preguntas sobre la vida privada». El plan de apremios se monitoreaba desde una camioneta tipo Traffic perteneciente a Inteligencia, que quedó estacionada cerca de la cuadra donde habitan los soldados voluntarios, agrega el acta.

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