Se cae una denuncia contra sindicalista

El jefe del sindicato de la construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, recibirá buenas noticias en los próximos días. La causa en la que se lo investiga por su presunta participación en la estructura de inteligencia de la última dictadura se encamina al archivo. Aunque los investigadores confirmaron su participación en una de las reparticiones militares, llegaron a la conclusión de que el período no coincide con el de un centenar de desapariciones de obreros de la construcción, eje central de la denuncia en su contra.

El fiscal federal Jorge Di Lello evalúa presentarle un dictamen al juez de la causa, Ariel Lijo, para sugerir la clausura del sumario ante la falta de pruebas sobre la eventual responsabilidad del sindicalista en los crímenes denunciados. En Tribunales dan por hecho que el magistrado seguirá la recomendación del fiscal.

Un sindicato paralelo a la UOCRA, el Sitraic, señaló a Martínez como miembro del Batallón 601 del Ejército y lo relacionó con la desaparición de 105 albañiles.

De acuerdo con el expediente, la participación del gremialista en ese ámbito castrense se concretó a partir de 1981, tres años después de las últimas denuncias respecto del secuestro de obreros de la construcción.

La causa arrancó en julio del año pasado a partir de la denuncia del Sitraic junto a organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda. Durante su tramitación, el juez Lijo obtuvo la confirmación de la labor de Martínez en el Batallón 601 por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, obtenida a su vez del Ejército. El magistrado desde entonces separó la situación del sindicalista de unos 3 mil participantes civiles de esa estructura, que instruye en un expediente aparte.

También Lijo tuvo acceso a una microfilmación de la foja de servicios del gremialista, que a pedido del Ejército fue incorporada a la causa en una carpeta resguardada bajo secreto. Además, se intentó recabar el testimonio de los responsables directos de Martínez en el Batallón 601 pero el único militar que respondía por el dirigente ya había fallecido.

A pesar de ese bache, el juez dio por acreditado que Martínez no pudo delatar ni ejercer espionaje sobre los obreros de la construcción a partir de su fecha de ingreso. Hasta ahora, el dirigente negó toda vinculación con el 601 y apenas reconoció que había tenido vínculo con la intervención militar sobre la UOCRA a partir de una iniciativa para llevar adelante obras de infraestructura en el Atlántico Sur en tiempos cercanos a la guerra de Malvinas.

La denuncia bastó para extinguir cualquier posibilidad de Martínez en la carrera por la jefatura de una nueva CGT que nacerá a partir del 3 de octubre. Antes del inicio del expediente desde el Gobierno habían sondeado esa chance cuando ya había dudas respecto de la postulación del metalúrgico Antonio Caló.

El líder de la UOCRA es, no obstante, uno de los dirigentes sindicales con mejor vínculo con el Gobierno y mayor diálogo con Cristina de Kirchner. De hecho, como informó este diario, el lunes a la noche agasajó con una cena en la sede de su gremio al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y al secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni.