Se complica para Macri salida de conflicto por los subtes

Mauricio Macri ayer en el acto organizado por el Gobierno porteño en homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, en el Paseo de Malvinas del Parque Indoamericano.

El Gobierno porteño ya analizó un menú de posibilidades para contrarrestar los efectos que pudiera tener la ley que la semana pasada terminó de sancionar el Congreso y ratifica el acta mediante la cual Mauricio Macri aceptó la transferencia de los subterráneos bajo su órbita. Esa norma, además, como plus le transfiere el control de colectivos que recorren la superficie de la Ciudad de Buenos Aires y el trencito de Puerto Madero.

Macri ha sido claro diciendo que «no habrá transferencia», a lo cual, durante el fin de semana en una recorrida política por la bonaerense Bahía Blanca, ratificó sus intenciones para competir en las presidenciales de 2015. Creen en el PRO, como una certeza, que en esa carrera no hay mejor escenario que una confrontación con Cristina de Kirchner, lo cual, suponen, le agregaría más adhesiones al jefe porteño que una alianza endeble con un puñado de intendentes radicales.

Las cuestiones están ligadas al punto que, en una de las estrategias del PRO, la enemistad declarada con la UCR puede perjudicarlo. Ese plan busca hacer desembarcar la ley que sancionó el Congreso, para su aprobación en la Legislatura porteña, mejor dicho, el PRO busca rechazar esa norma en el recinto y así terminar con la cuestión. Pero, ya no contaría con el apoyo del bloque UCR que si bien conforman sólo dos radicales, ese número sumado a los 26 diputados del PRO y los tres aliados, alcanzarían para el quórum y ganar la votación. Sin embargo podría encontrar otros socios en esa embestida contra el kirchnerismo.

Recursos

El PRO insistirá en que el paso de la norma por la Legislatura porteña es necesario, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución nacional que sostiene que las transferencias de servicios a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires deben hacerse «con los recursos» correspondientes y los convenios que se celebren en ese sentido con el Gobierno nacional deben aprobarlo los distritos.

Para el Gobierno nacional ese trámite ya se realizó, cuando la Legislatura aprobó en 2000 la trasferencia de los servicios de subterráneos que había decretado el Gobierno de Carlos Menem.

Si se trabara ese paso, el macrismo ya prepara los otros recursos. Le amplía la posibilidad el feriado por Semana Santa, que le otorga más días para poder apelar ante la jueza Federal Claudia Rodríguez Vidal, si es que cabe una queja porque la magistrada rechazó tanto la medida cautelar presentada por Macri como por el Gobierno nacional.

La otra medida en carpeta, es que la Procuración porteña, cuya titularidad asumió formalmente la semana pasada Julio Conte Grand, aguarde la promulgación de la ley que sancionó el Congreso y presente un recurso porque la considere inconstitucional.

Por el momento, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, confirmó lo que anticipó este diario acerca de que el máximo tribunal está divido sobre si puede o no intervenir en un conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Es que hay varios antecedentes en los cuales la Corte consideró que el distrito porteño no tenía status de provincia y entonces no debía intervenir.

Mientras tanto, Macri sigue enredado con su propia firma. No solamente firmó el acta acuerdo que luego devolvió, sino que, en enero pasado firmó un decreto disponiendo el aumento de tarifa del pasaje en subterráneos de $ 1,10 a $ 2,50 en el que sostiene tener a su cargo la fiscalización del contrato de concesión con Metrovías, y establece la obligación de llamar a una audiencia pública, antes del próximo 23 de abril.

Dice Macri en los fundamentos del Decreto 27 del 5 de enero pasado que «se estableció que la Ciudad asume a partir de la fecha del Acta Acuerdo el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, así como el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral». Y en el ar-

tículo 2 de la norma establece: «Convócase a Audiencia Pública, en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley N° 210, para el tratamiento del contrato de concesión y la base de cálculo tarifario para el Servicio de Transporte Subterráneo y Premetro, que deberá ser celebrada dentro de los veinte (20) días siguientes a la finalización del plazo establecido en la cláusula quinta del Acuerdo de Transferencia celebrado con el Estado nacional con fecha 3 de enero de 2012».

De esa manera debería realizarse la audiencia para ratificar el aumento del pasaje (aunque esas instancias no son vinculantes), pero sería una manera más de aceptar, por parte del Gobierno porteño, que le sigue correspondiendo el control

de la concesión y la facultad de cambiar la tarifa.

Por ahora el PRO espera la promulgación de la ley nacional que ratifica la transferencia para impugnarla en la Justicia y a la vez someterla a consideración de la Legislatura, si es que puede asegurarse mayoría para rechazarla.