Se complica un ministro de Obama por un inconcebible plan pronarcos

Eric Holder, poco antes de que se iniciara ayer la reunión del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes. Los republicanos creen que la oficina de Holder está retaceando información.

Washington - El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, quedó ayer aún más comprometido tras una deslucida actuación en una interpelación por el programa «Rápido y furioso», que dejó en manos de narcos mexicanos unas 2.000 armas automáticas en nombre de un supuesto plan para rastrear bandas de narcos.

Los congresistas republicanos le exigieron que «rueden cabezas» en el Departamento de Justicia por la insólita estrategia implementada en 2009 y 2010, y lo amenazaron con un juicio político.

Holder se preocupó por aclarar que no había hablado del plan con el presidente Barack Obama, ni con la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, ni con el presidente mexicano Felipe Calderón. No obstante, el jefe de la Casa Blanca le dio a Holder su apoyo público en varias oportunidades.

El escándalo estalló a principios de este año, cuando un senador republicano, Charles Grassley, recibió información de un programa que permitía la compra de armas automáticas en Estados Unidos por parte de personas vinculadas a carteles de la droga mexicanos para conocer, una vez implementado un seguimiento, las rutas de ese tráfico. El problema fue que las autoridades norteamericanas rápidamente perdieron el rastro del armamento.

Durante la interpelación, el secretario (ministro) de Justicia, sinónimo de fiscal general en EE.UU., admitió que el armamento perdido en esa operación seguirá apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera «durante años», y que «desafortunadamente, es muy probable que siga muriendo gente».

Sin embargo, esgrimió que los altos funcionarios de su departamento no sabían nada del fallido operativo hasta fines de 2010, y pidió paciencia a los legisladores. «En última instancia, yo soy responsable por todas las acciones que ocurran dentro del departamento», respondió Holder a una pregunta del republicano Jim Sensenbrenner.

«Pero si ustedes van a basarse en lo que pasó con Rápido y furioso para evaluar mi desempeño, deben fijarse en cuánto sabía sobre ese asunto», se contradijo el fiscal general, que sostiene que no se enteró de la estrategia hasta comienzos de 2011.

Cabezas

Sensenbrenner dijo en su intervención que «deben rodar cabezas» dentro del Departamento de Justicia y la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de EE.UU., que coordinó la operación. «Si usted no llega al fondo de todo esto, al Congreso sólo le quedará una alternativa, y se llama juicio político», advirtió el congresista, que no precisó si ese mecanismo se aplicaría al propio Holder o a otros altos funcionarios. «¿Por qué no ha despedido usted a los implicados?», preguntó por su parte Darrell Issa, uno de los republicanos que lideran la investigación sobre el operativo.

Desde que se descubrió la falla del operativo en diciembre de 2010, el Departamento de Justicia reemplazó al fiscal general de Arizona Dennis Burke y al director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, pero muchos republicanos piden la dimisión de Lanny Breuer, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia.

Ante la urgencia de los congresistas, Holder se mostró «dispuesto a dar otros pasos antes de que el inspector general concluya su informe».

Holder subrayó que la operación fue «regional», de la Fiscalía General de Phoenix (Arizona), que «no fue concebida por líderes del Departamento» y que éste suministró al Congreso más de 5.000 documentos sobre el tema.

Los republicanos sospechan que Holder no está colaborando lo suficiente con la investigación, y que les aporta pruebas menores de personal de menor rango.

En diciembre de 2010, dos de las armas del operativo fueron halladas en el lugar donde fue asesinado el agente de la patrulla fronteriza estadounidense Brian Terry, lo que despertó las alarmas de los congresistas estadounidenses sobre la operación.

De las 2.000 armas que se dispersaron en el operativo, el Departamento de Justicia ha recuperado «varios cientos», dijo Holder.

Agencias EFE y AFP, y Ámbito Financiero