Se demora en Uruguay acuerdo antievasión con la Argentina

José Mujica

Aun cuando el acuerdo de intercambio de información tributaria entre la Argentina y Uruguay está en una fase incipiente, la incertidumbre que despertó en ambos países promete demorar aún más su implementación. La principal causa es la oposición que expresaron tanto inversores argentinos -que temen la persecución de la AFIP en la otra orilla-, como la del Gobierno de Uruguay -por el impacto que provocaría en esa economía un freno en la llegada de esos capitales-. Estas dudas hicieron que el borrador con la propuesta uruguaya que hoy está en estudio flexibilice tanto los términos del convenio que en la Argentina no convence. Y una señal es que esta semana el organismo que encabeza Ricardo Echegaray recibirá en Buenos Aires a 38 titulares tributarios y 114 analistas en la materia de todo el mundo, en un seminario que organiza la OCDE, en el que sorpresivamente para la AFIP, el representante uruguayo no estaría presente.

La firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria con Uruguay, similar a los que la Argentina firmó con decenas de países, es uno de los objetivos centrales que tiene la AFIP. Las negociaciones no habían dado resultados hasta que la OCDE presionó a Uruguay para que accediera. Ese organismo retiró al país de José Mujica de la lista de paraísos fiscales (zonas en las que no se cumplen las reglas internacionales de transparencia para evitar la evasión impositiva) luego de que firmó 18 acuerdos de este tipo con distintos países. Pero lo instó a que de forma inminente se cerrara un convenio con sus mayores socios comerciales: Brasil y la Argentina.

Mujica fue el primero en describir el escenario. Calificó a las negociaciones que su país llevaría adelante con la Argentina como «arduas». Y apenas se difundió el comienzo de las discusiones, la previsión del presidente uruguayo se hizo tangible.

El sector que sufriría el mayor impacto sería el inmobiliario. Por eso, y entre otros, Ariel Cagnoli, presidente de la Cámara de Promotores Privados de la Construcción en Uruguay, dijo que el intercambio de datos específicos con la Argentina sería «inconcebible». Pero los capitales que llegan principalmente desde Buenos Aires no sólo se traducen en propiedades en Punta del Este. En Uruguay, estiman que toda la economía podría verse perjudicada. Tanto, que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del país vecino informó que un acuerdo tributario amplio con la Argentina, responsable de casi el 30% de la inversión extranjera directa en ese país, pondría en riesgo fondos por unos u$s 150 millones. Sucede que además de las inversiones inmobiliarias, numerosas empresas argentinas triangulan operaciones desde Montevideo, existen desarrollos forestales, agrícolas e industriales, entre otros negocios. Todas esas inversiones quedarían, dependiendo del tipo de acuerdo que se firme, expuestas ante la lupa de la AFIP.

Entre las propuestas que hoy se analizan, impulsadas por Uruguay, está la de que el acuerdo se limite a evitar la «doble tributación». Esto es, por ejemplo, que los argentinos con activos que generen ganancias en Uruguay paguen el impuesto a la renta de no residentes allí, y no tengan que pagar en la AFIP por esas utilidades. Uruguay también intentaría incluir la garantía de que la Argentina no pueda realizar por cuenta propia una fiscalización en ese país.

Como estos y otros tantos detalles que aún quedan sin resolver, la reunión de administradores tributarios del mundo que la OCDE organiza en Buenos Aires desde el miércoles, estaba planeada como un ámbito en el que el avance de las discusiones con Uruguay era un tema clave. Pero fuentes de la AFIP confirmaron a este diario que ese país no estará presente en el encuentro, del que sí participarán los más altos representantes en esta materia, como Jeffrey Owens, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE (CTPA) y su sucesor -a partir del 1 de febrero-, Pascal Saint-Amans, actual director de la Secretaría del Foro Global.

Este foro que organiza la AFIP será inaugurado por Amado Boudou y tratará la lucha contra la evasión fiscal offshore y la coordinación necesaria entre los países para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de redes criminales.