Según un documento remitido por el comisario Marlon Cajado a los tribunales, la Policía intenta determinar si Lula da Silva participó en forma directa o indirecta en los sobornos de que empresarios de ese sector supuestamente pagaron a funcionarios de su Gobierno para la obtención de desgravaciones tributarias aprobadas por decreto.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido en 2009, durante el segundo mandato de Lula da Silva, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época se desempeñaba como jefa de Gabinete.
Esas empresas también son investigadas por haber manipulado a su favor procesos en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un departamento del fisco encargado de sancionar casos de evasión y que, según se sospecha, en realidad facilitó maniobras fraudulentas por parte de esas compañías.
Lula ya declaró sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.
Su abogado, Cristiano Zanin Martins, afirmó ayer que "no hay nada que justifique" esta investigación y mucho menos que Lula da Silva pase de ser un simple testigo a un investigado.
El comisario Cajado explicó en su documento que el hecho de que la "nueva averiguación" abarque a "otros individuos", entre los que también figuran dos exministros, no significa necesariamente que éstos "hayan cometido alguna ilegalidad".
El caso se tramita en un tribunal de Brasilia, ante el que Rousseff fue convocada en calidad de testigo por el abogado Eduardo Gonçalves Valadão, uno de los 16 acusados.
La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de solamente un párrafo divulgado también ayer y en el que dijo que no tiene información sobre el asunto y tampoco "nada a declarar".
Esta nueva averiguación se suma a otra iniciada por la Policía en torno a supuestas operaciones de lavado de parte del dinero desviado de la estatal Petrobras, en la cual Lula da Silva también figura como investigado.
En ese caso, se trata de un departamento situado en un edificio propiedad de la constructora OAS en la ciudad de Guarujá, del que se sospecha que en realidad pertenece al exmandatario, pese a que éste lo ha negado una y otra vez.
La propiedad está registrada a nombre de OAS, empresa implicada en el "Petrolão", pero la Policía Federal sospecha que esa compañía, como parte de las coimas que pagaba a políticos que amparaban los desvíos de fondos de Petrobras, también distribuía departamentos en ese edificio.
Al margen de esos dos casos que salpican directamente a Lula, la Fiscalía informó ayer que reabrió una investigación para determinar si hubo irregularidades en la compra de 36 cazas de combate de la empresa sueca Saab por parte de la Fuerza Aérea Brasileña.
Esa operación se concretó en 2014, ya con Rousseff en el poder, pero las sospechas sobre esa operación salpican a los empresarios Mauro Marcondes y Cristina Mautoni, investigados como supuestos intermediarios en la trama para favorecer a la industria automotriz.
La prensa local dijo que cuando Lula da Silva fue citado a declarar sobre ese supuesto fraude tributario por el que hoy se ha confirmado que también se le investiga, la Policía preguntó sobre las supuestas irregularidades en la compra de los cazas.
Según esas versiones, Lula consideró "absurdo" suponer que hubo algo ilícito en la compra de los aviones o que él tuviera influencia en la operación, que se concretó tres años después de que él dejó el poder en manos de Rousseff.
| Agencias EFE, Reuters y ANSA, y |
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