Se sube oposición a nueva guerra del agro con el kirchnerismo

Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo

La oposición comenzó esta semana a mirar de cerca la marcha del conflicto del campo por la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Esa batalla comenzó a despertar simpatías, no sólo en la política, sino también en el público urbano, que hacen recordar a los temblores de la Resolución 125. Más cuando se percibe un empecinamiento del kirchnerismo en que Daniel Scioli pase por un vía crucis similar al que dividió a los Kirchner de su vicepresidente, con la diferencia de que en esta ocasión el verdugo del gobernador parece estar más en el oficialismo que en el campo. En síntesis, todos los elementos para armar otra batalla.

En el Congreso, las novedades que llegan desde La Plata ayudan a dispersar la modorra que se instaló desde la votación de la expropiación de YPF. Sólo el Senado tiene por delante algún movimiento importante con la lucha del Gobierno por lograr los dos tercios que garanticen el nombramiento de Daniel Reposo en la Procuración General.

De ahí que con la puja del revalúo del Inmobiliario Rural cada bloque opositor haya encontrado el camino para reorganizarse en medio de alguna simpatía que despierta el reclamo del campo en áreas del conurbano y la Capital Federal, que vuelven a estar impactadas por una alta presión tributaria tanto sobre los inmuebles como sobre los propios salarios.

Es decir, la pelea por la Resolución 125 terminó en buena medida no porque Julio Cobos votó como votó, sino porque cambiaron las condiciones económicas y políticas: soja en suba y una economía en crecimiento desalentaron las simpatías que la clase media había desarrollado hacia los pesares del agro.

Excusa

Fue el momento en que el Gobierno levantó cabeza y logró dividir a la Mesa de Enlace, desactivando finalmente el conflicto.

Pero si de enemigo se trata, el campo siempre le viene bien al Gobierno, aunque sea en este caso, sólo como una excusa. Y ahí es donde entra la oposición, que ya comenzó a contactarse con la reactivada Mesa de Enlace. Radicales, peronistas disidentes y el PRO ya volvieron a armar estrategia para organizar una agenda desde esta semana.

Para el bloque de Ricardo Gil Lavedra es un respiro alejarse del Gobierno en un tema como éste, después del conflicto interno que le dejó la votación de la expropiación de YPF, con bancada dividida y el Comité Nacional asediados por los neokirchneristas de la UCR por un lado y los duros por el otro. De hecho, los radicales Jorge Chemes (Entre Ríos), Juan Casañas (Tucumán) y Lucio Aspiazu (Corrientes) ya apoyaron a la Mesa de Enlace en el paro que realizaron la semana pasada en contra del aumento en la provincia.

Además, tanto el PRO como el peronismo rebelde nunca modificaron su estrategia en relación con el campo, por lo que la nueva sintonía no implica cambio alguno. Más complicada es la posición del socialismo o la Coalición Cívica (el ala que cuestiona a Elisa Carrió), que no están dispuestos por ahora a prestarle escenario al campo dentro del Congreso, como sucedió en 2008.

En el kirchnerismo hay convencimiento de que la ley se aprobará y sólo se debate si Scioli finalmente aplicará el revalúo en el Inmobiliario Rural a través de una resolución, que es lo que quiere el Gobierno.

Esta medida específicamente beneficia a las arcas de la Nación porque impacta directamente en la recaudación de Bienes Personales, más que en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, salga por ley o por resolución, sólo se beneficia la Casa Rosada, y Scioli paga costo político.

Lo que impacta ahora es la simpatía que despierta esa medida en quienes ya pagan aumentos importantes en el inmobiliario urbano de extensas áreas del conurbano bonaerense, en la Capital Federal tras la suba del ABL y en los salarios medios y altos, donde el retraso en actualizar el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias no sólo es cuestión de negociación entre el Gobierno y sindicalistas, sino que afecta directamente los bolsillos impactando en el nivel de gasto de las familias. Esta realidad no existía en el momento en que comenzó a enfriarse la puja del campo por la 125 con el Gobierno.

Está claro que esta realidad complica, por ejemplo, a Federico Pinedo, que debe enfrentar protestas por la suba del impuesto en la Capital al tiempo que el PRO analiza el impacto de la suba en las valuaciones del campo, pero también es cierto que los vecinos no tienen poder de lobby para capitalizar protestas contra el Gobierno; y el agro, sí.