Seguirá investigado Macri por “maltratos”

Mauricio Macri sufrió ayer un traspié judicial en la causa en la que se investigan supuestas agresiones a 17 indigentes llevadas a cabo por la ya disuelta Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) que funcionó bajo la órbita del Gobierno porteño. La Cámara del Crimen rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del jefe de Gobierno luego de que la Sala I de dicha instancia decidiera revocar su sobreseimiento. El fallo fue el terreno de una nueva disputa entre camaristas y en el PRO ya preparan un road show de abogados.

El expediente se inició en 2008 cuando aparecieron las primeras denuncias contra la ex UCEP, órgano constituido para la supervisión de la vía pública. Macri fue imputado como presunto «actor mediato» de los hechos. La defensa realizada por su abogado Alejandro Pérez Chada, deslindó las responsabilidades en cargos menores dentro de la administración porteña.

En diciembre de 2011 la jueza María Fontbona de Pombo había decidido sobreseerlo. Sin embargo, en abril pasado la Cámara revocó esa decisión y ahora deja sin efecto un recurso de casación con lo cual la investigación debe continuar. En el mismo expediente se encuentra imputado el extitular del Ministerio de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, actualmente al frente de la empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires.

Como es habitual, la Sala I no suele presentar fallos unánimes. Los jueces Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos mantienen una fuerte disputa con su colega Alfredo Barbaroch que incluye denuncias mutuas frente al Consejo de la Magistratura. Este caso no fue la excepción: mientras los dos primeros se mantuvieron en su decisión de anular el sobreseimiento, Barbaroch no acompañó con su firma y criticó a ambos camaristas. Sostuvo que la decisión fue «absolutamente injustificada y desmedida» y agregó que «al no existir el impulso fiscal respecto del imputado Mauricio Macri, deberían convalidar necesariamente la decisión desvinculante». En este sentido el camarista se alineó con el fiscal Marcelo Roma quien limitó la participación de Macri en la trama al único hecho de haber firmado el Decreto 1.232/2008 que hacía efectiva la creación de la UCEP «sin evaluar consecuencias posteriores».

Bunge Campos y Rimondi, por el contrario, entienden que el intendente debe seguir siendo investigado. Se basan en denuncias contra la UCEP realizadas por la Defensoría del Pueblo porteña y en un decreto posterior de 2009 en el cual Macri ratificaba el funcionamiento del organismo. A fines de ese año el ente fue disuelto.

La causa es seguida de cerca por el abogado Javier Rodríguez Simon, quien en su momento fuera titular de la UCEP. Hombre con trayectoria en el plano del derecho empresarial, integra lo que en el PRO llaman la «mesa judicial», encargada de analizar las causas judiciales que involucran a figuras de ese espacio político. Es en ese ámbito es donde ayer se mencionaba la posibilidad de integrar nuevos abogados a la defensa de Macri.