Senado aprobó acuerdo tributario con Uruguay

Ricardo Echegaray

El Senado aprobó ayer por unanimidad un acuerdo entre la Argentina y Uruguay que establece el intercambio de información tributaria entre ambos países para el «control y la recaudación de impuestos» y «la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios». El senador oficialista Daniel Filmus sostuvo que la iniciativa busca «transparentar la información fiscal», al tiempo que evita la doble imposición, es decir, que las personas físicas o jurídicas no paguen impuestos en ambos países.

El proyecto no fue objeto de debate, debido a que todos los bloques se manifestaron de acuerdo, por entender que «es un acuerdo amplio, extenso, riguroso y que respeta las normativas de cada uno de los países parte», tal como expresó el senador radical Gerardo Morales. La iniciativa, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y de los ministros de Economía y de Defensa, Hernán Lorenzino y Arturo Puricelli, respectivamente, propone la aprobación de un acuerdo firmado por la Argentina y Uruguay el 23 de abril último, en Colonia.

Los fundamentos de la iniciativa señalan que el acuerdo con Uruguay establece «la asistencia mutua a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de la legislación interna» de ambos países relacionada con «impuestos y asuntos penales tributarios». El acuerdo suscripto se refiere a «aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios».

El texto establece que toda la información que la Argentina y Uruguay intercambien «tendrá carácter confidencial» y «podrá revelarse sólo a personas o autoridades judiciales o administrativas encargadas de la recaudación de los impuestos».

No obstante, el acuerdo fija que el país al que se le solicite información «no estará obligado» a facilitarla cuando «no obre en poder de sus autoridades» o cuando «no esté en posesión o bajo el control de personas que se hallen en su jurisdicción territorial».

El proyecto que aprueba este acuerdo consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el oficialista Aníbal Fernández, con el fin de tratarlo ayer en el pleno de la Cámara.