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Senado: empieza la batalla para blindar DNU de Macri
El jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, visitó a Malena Galmarini en Tigre para apoyarla en su reclamo de acceso equitativo de las mujeres a cargos públicos. Mañana se ocupará de los DNU de Macri.
Finalmente, el cuerpo estará presidido por el senador radical Luis Naidenoff durante un año y luego será el turno del diputado del PJ-FpV Marcos Cleri, uno de los cuadros de La Cámpora que lograron desembarcar en esa comisión.
Superados esos tironeos de los últimos meses, el debate pasará ahora por los once DNU firmados por el Presidente desde su asunción. Si bien la función del cuerpo es emitir dictámenes a favor o en contra de cada decreto para que luego se determine su validez mediante votación en el recinto, muchos de los temas fueron fuertemente criticados por el kirchnerismo puro, por lo que se espera cierto nivel de discusión.
El primero en la lista es el DNU 13/15 con el cual el jefe de Estado modificó la Ley de Ministerios para darle forma a su Gabinete y dispuso que la AFSCA y la AFTIC pasaran a la órbita del Ministerio de Comunicaciones, uno de los puntos que más polémica generó dado que ambos organismos fueron declarados autárquicos por la Ley de Medios y la de Argentina Digital.
Este decreto también había sido discutido por restablecer leyes educativas del menemismo como el Pacto Federal Educativo y la Ley Federal de Educación, aunque este punto fue corregido por un DNU posterior, el 223/16, que también figura en la carpeta de la comisión.
Con el 223/16, el Gobierno quitó de las tareas previstas para el Ministerio de Educación aquellas normas cuestionadas y volvió a centrarse en la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, que fija el 6% del PBI como piso para el presupuesto educativo.
Otro de los decretos cuestionados que la comisión analizará el martes es el 267/15, con el cual el Gobierno creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que absorbió las funciones de la AFSCA y la AFTIC y allanó el camino para la intervención de ambos organismos.
El cuerpo presidido por Naidenoff también deberá dictaminar sobre el DNU 256/15 que dispuso la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
No se descarta que también haya discusión sobre el decreto 257/15 por el cual el Poder Ejecutivo dejó en suspenso la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal pese a que la Constitución indica que los DNU no pueden ser utilizados para legislar en materia penal. En carpeta figura también el 211/15 con el que el Gobierno dispuso el canje de una letra del Tesoro emitida en 2006 y el 11/16, que dejó sin efecto el impuesto sobre los automóviles de alta gama, además del DNU que declaró la emergencia nacional en seguridad y que fue eje de polémica por el un protocolo que autoriza el derribo de aviones no identificados en el espacio aéreo.
Otros DNU de índole económica en análisis de la comisión es el 276/15, que dispuso la prórroga de la exención impositiva sobre el biodiésel puro; el 26/16 con el cual se llevó del 21% al 7% el impuesto sobre el precio de los cigarrillos y el 275/16, que suspendió las disposiciones del 814/01, el cual estableció las alícuotas correspondientes a las contribuciones patronales.
El debate sobre la coparticipación
La comisión también deberá dictaminar sobre el DNU 73/16 con el cual Macri derogó el decreto 2.635 con el cual su antecesora, Cristina Kirchner, dispuso el cese de la detracción del 15% de la masa de recursos coparticipables para todas las provincias. Con esa medida, la expresidenta atendió a un fallo de la Corte Suprema que ordenaba la devolución de esos recursos a San Luis, Santa Fe y Córdoba pero también hizo extensible esa resolución judicial a todas las provincias.
Macri derogó el decreto a pocos días de asumir como Presidente, lo que le valió fuertes críticas de los gobernadores cuyas provincias no fueron beneficiadas por el fallo de la Corte, quienes comenzaron a exigir al Ejecutivo la devolución de esos fondos como parte de un "acuerdo de gobernabilidad".


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