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Senado italiano aprobó ley antiprensa. Hubo trifulcas
La norma, que fue aprobada por 164 votos a favor y 25 en contra, ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde, salvo sorpresas, obtendrá un nuevo sí.
La nueva medida prevé, entre otros puntos, condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publiquen las escuchas durante las investigaciones, y multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores.
Los medios de comunicación sólo podrán hacer públicas las actas judiciales resumidas, y queda prohibida la difusión de la documentación relativa a conversaciones telefónicas o a través de correo electrónico. Asimismo, se limita a 75 días el tiempo que pueden durar las escuchas durante las investigaciones, tras lo que será necesario pedir una prórroga.
La votación se transformó en un caos cuando legisladores de la oposición del partido Italia de los Valores, del ex fiscal Antonio Di Pietro, ocuparon los escaños del Gobierno y la sesión fue suspendida dos veces hasta que fueron expulsados.
«Es algo que no habría podido pasar ni con Mussolini», aseveró Di Pietro, quien habló de «un estado de ilegalidad constante en el Parlamento».
Después del incidente, la mayoría de los senadores de centroizquierda se retiró de la sala, negándose a formar parte de lo que calificaron como una «ley mordaza».
Berlusconi afirma que la nueva norma es necesaria para proteger la privacidad, pero la oposición acusa al Gobierno de intentar cubrir casos de corrupción.
«Usted quiere esconder lo que trama, el uso privado que da a recursos públicos, porque usted quiere que las personas sean un rebaño de ovejas ciegas», opinó Anna Finocchiaro, líder en el Senado del Partido Democrático, de centroizquierda.
El sindicato de periodistas hizo un llamado a resistir la medida y convocó a una huelga el 9 de julio.
El texto llegó ayer a la sesión del Senado después de que el Poder Ejecutivo lo sometiera a una moción de confianza. El partido gubernamental Pueblo de la Libertad (PDL) goza de mayoría absoluta en ambas cámaras.
Se trató de la trigésimo cuarta ocasión en la que el Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, recurrió desde 2008 a la llamada «cuestión de confianza», una estrategia para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite saltar el debate de enmiendas y el parlamentario.
El proyecto había permanecido «dormido» varios meses en el Parlamento. Pero el Gobierno lo resucitó luego de que la prensa local publicó transcripciones de escuchas sobre un sonado caso de corrupción que forzó a renunciar al ministro de Industria, Claudio Scajola.
Agencias EFE, AFP, DPA,
Reuters y ANSA
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