La presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado impulsa un pedido de informes para que la Corte Suprema de Justicia explique el mecanismo de sorteo de causas judiciales luego de que la investigación sobre Sergio Schoklender recayera en el juez federal Norberto Oyarbide. «La demanda social de justicia debe completarse con un sistema donde la corrupción sea combatida por la Justicia, y no encauzada por ella. Nuestra Constitución recepta en su artículo 18 la obligación de juez natural, obligación que constituye tanto un derecho como un deber para el Estado», reclamó la peronista federal por Salta Sonia Escudero. La senadora explicó en los fundamentos de su proyecto de resolución que «en definitiva, lo que intentamos con este proyecto es que la Corte Suprema le explique a la sociedad, a través de este Honorable Senado, cuáles son los mecanismos y procedimientos que se desarrollan cada vez que se lleva adelante la distribución de causas penales en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. No queremos limitarnos a hacernos eco de las denuncias realizadas, sino de la preocupación que tiene la gente acerca de supuestos actos de corrupción, donde los poderosos nunca responderían por el desarrollo de actividades ilícitas».
El pedido de informes apunta a que la Corte Suprema detalle cómo son los procedimientos, y cómo se encuentran auditados, si es a través de funcionarios o con algún sistema que garantice su confiabilidad. «Esperamos escuchar de la Corte cómo la manipulación de estos mecanismos se encontraría vedada, para llevar tranquilidad a la sociedad de que la Justicia funciona bien», reclamó Escudero.
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