Senadores PJ-ultra K quieren que acuerdos con Reino Unido por Malvinas pasen por el Congreso

Los legisladores pretenden revisión de "todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular".

José Ojeda (PJ) y Inés Pilatti Vergara (Unidad Ciudadana-FpV).

Senadores del peronismo y ultrakirchnerismo presentaron un proyecto para que “todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” tenga “la aprobación del Congreso de la Nación, de conformidad con el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”.

“Los acuerdos alcanzados entre la República Argentina y el Reino Unido en Madrid durante los años 1989 y 1990 buscaron restablecer las relaciones bilaterales luego del conflicto armado de 1982, pero a su vez generaron un congelamiento indefinido de las negociaciones bilaterales por la soberanía y favorecieron a Gran Bretaña para iniciar su avance en la exploración y explotación de los recursos naturales en y alrededor de los espacios en disputa”, señala la argumentación de los senadores PJ José Ojeda y Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego).

En el proyecto aparecen las firmas de las senadoras cristinistas Inés Pilatti Vergara (Chaco) y Ana María Ianni (Santa Cruz). Ojeda y Catalán Magni responden a la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, una exlegisladora íntima del matrimonio Kirchner que se despegó del cristinismo al inicio de su mandato en la provincia -a fines de 2015- y que ahora volvió a abrazar al cristinismo para unir fuerzas junto al intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto, quien horas atrás saludó a la expresidente por su cumpleaños en el Instituto Patria.

Ojeda y Catalán Magni recordaron que “desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados, se llevaron a cabo la celebración de una decena de instrumentos jurídicos estableciendo derechos y obligaciones para las partes en relación a los archipiélagos disputados sin que en ningún caso haya intervenido el Congreso de la Nación”, y que “el más reciente fue el denominado ‘Comunicado Conjunto argentino-británico’ del 13 de septiembre del 2016, comúnmente conocido como ‘Acuerdo Foradori-Duncan’, por los apellidos de sus negociadores”.

Los senadores peronistas también explicaron: “En nuestro ordenamiento jurídico, el proceso de celebración de un tratado internacional es denominado por nuestra Corte Suprema como un ‘Acto Complejo Federal’, desde que intervienen dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. La distribución de competencias entre ambos poderes en el proceso de celebración de tratados se encuentra ordenada en nuestra Constitución Nacional, en donde según el artículo 99, inciso 11, es el Poder Ejecutivo quien concluye y firma los tratados y otras negociaciones internacionales, e incumbe al Congreso de la Nación su aprobación o desecho tal y como indica el artículo 75 inciso 22”.

Para Ojeda y Catalán Magni, “si bien es cierto que la práctica argentina e internacional en materia de tratados permite hacer una distinción respecto de los denominados acuerdos ejecutivos o en forma simplificada y los tratados en buena y debida forma, la Constitución Nacional no hace tal distinción y es precisa al referirse al mecanismo relativo a la aprobación de los tratados internacionales”. Los legisladores agregaron: “El problema esencial con aquellos instrumentos sin participación parlamentaria es que quiebran la posibilidad del control democrático por el Congreso, y al mismo tiempo la posibilidad de participación de representaciones de las provincias en la decisión”.