Senadores demócratas desafían a Obama y le bloquean fondos

El penal de Guantánamo se está transformando en un dolor de cabeza para Barack Obama. Su promesa de cerrarlo quedó pospuesta hasta enero del año próximo, debió dar marcha atrás en su idea de clausurar los tribunales militares y ahora le significa una rebelión en el Congreso.

Washington - El Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Demócrata, lanzó ayer un primer desafío al presidente Barack Obama al negarle los 80 millones de dólares que había pedido para el cierre del penal en Guantánamo, lo que complica su plan de clausurarlo antes de finales de enero de 2010.

La Cámara de Representantes ya había ratificado una medida similar, después de que los líderes demócratas decidieran desoír los argumentos de la Casa Blanca y pasarse al lado de los republicanos, que llevan semanas avisando a los estadounidenses de que Obama traerá «terroristas» a su barrio.

La mayoría de los legisladores del partido del presidente aún apoya la clausura del penal, que ellos consideran el ejemplo más palpable de los excesos de la administración de George W. Bush. Pero, al mismo tiempo, temen que algunas de las personas que el Gobierno anterior calificó como «lo peor de lo peor» acaben en sus distritos.

El resultado fue una alianza de republicanos y demócratas a favor de una enmienda que prohíbe el uso de los 80 millones de dólares para encarcelar o liberar en Estados Unidos a cualquiera de las aproximadamente 240 personas detenidas en Guantánamo.

Noventa senadores votaron a favor de la medida, impulsada por el presidente del Comité de Asignaciones, el demócrata Daniel Inouye, y el republicano James Inhofe, frente a 6 en contra.

«Deberíamos mantener abierta la Bahía de Guantánamo», dijo en una rueda de prensa Inhofe junto con algunos colegas republicanos, que estaban exultantes con el resultado.

«Todo lo que tienen allí (los detenidos) es probablemente mejor que lo que la mayoría de ellos merece», añadió Inhofe.

Los demócratas no van tan lejos como los republicanos, y lo que exigen al Gobierno es una explicación detallada de qué hará con los detenidos antes de darle fondos para financiar su política.

«Los demócratas no vamos a cerrar Guantánamo sin un plan responsable que ponga la seguridad de los estadounidenses primero, y tampoco permitiremos que ningún terrorista sea liberado dentro de los Estados Unidos», dijo su líder en el Senado, Harry Reid. Obama intentará calmar a sus huestes hoy con un discurso en el que expondrá sus intenciones.

«Entendemos y estamos de acuerdo en que antes de que entregar recursos, el Congreso merece más detalles», afirmó en una rueda de prensa el portavoz presidencial, Robert Gibbs, tras el revés en el Senado.

El Gobierno dijo que quiere liberar a algunos detenidos en suelo estadounidense y que juzgará a otros, mientras sopesa algún tipo de marco legal que le permita el encarcelamiento indefinido de un tercer grupo, aunque aún no ha tomado una decisión al respecto. En paralelo, la Casa Blanca ratificó la vigencia de las cortes militares especiales impuestas por Bush, que el propio Obama había criticado en su campaña electoral.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo intenta convencer a países europeos de que acepten a algunos de los 30 detenidos, que ha determinado que no representan un peligro. La decisión del Senado complica esta tarea, pues demuestra a sus aliados en el Viejo Continente, que los legisladores de Estados Unidos no están dispuestos a hacer lo que Obama les pide a ellos.

El director del FBI, Robert Mueller, dio ayer munición para los que temen el cierre de Guantánamo al alertar de que si son liberados en suelo estadounidense algunos detenidos podrían dar apoyo al terrorismo, mediante financiación o actividades de proselitismo, e incluso participar en atentados. Mueller emitió su evaluación en una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara baja. En coincidencia, el diario The New York Times publicó ayer un informe del Pentágono en el que afirma que 74 ex detenidos volvieron al terrorismo.

Los republicanos percibieron en Guantánamo un punto débil de la administración y lanzaron una campaña de críticas a Obama, al que acusan de poner el simbolismo del cierre del penal por delante de la seguridad de los estadounidenses.

Su líder en el Senado, Mitch McConnell, dijo ayer que el presidente cometió un error al marcar el 22 de enero de 2010 como la fecha límite «arbitraria» para el cierre del penal y pidió que reconsidere su decisión. Obama fijó en una orden ejecutiva firmada dos días después de mudarse a la Casa Blanca, un acto que marcó su ruptura con la política antiterrorista del ex presidente Bush.

Gibbs reiteró ayer que, pese al revés en el Congreso, el presidente «tiene intención de cumplir esa promesa».

Agencias EFE, AFP, Reuters y DPA