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Sequía: Cristina dictó emergencia
Cristina de Kirchner y Sergio Massa, ayer, en el quincho de la residencia de Olivos. Los anuncios sobre el campo no alcanzaron para calmar a los productores.
Con eso prorrogó el pago de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales para los chacareros «realmente» dañados por la falta de lluvias. Entrevió, como sugería un sector del Gobierno, que esta crisis puede ser un atajo para superar el vendaval de la 125.
Era, en rigor, lo que a coro reclamaban los gobernadores de las zonas golpeadas por la sequía que, por las suyas, ya habían tomado decisiones similares: el bonaerense Daniel Scioli, Sergio Urribarri de Entre Ríos y, entre otros, el chaqueño Jorge Capitanich.
El paraguas fiscal se desplegará, en esta etapa, sobre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, el sur de Córdoba y el sur de Buenos Aires.
Ayer, la Presidente no pudo, o no quiso, evitar el reproche. «Es esfuerzo patriótico», dijo porque, recordó, «ningún otro sector tiene la posibilidad de contar con un beneficio» similar.
La idea tomó fuerza en la Casa Rosada mientras Cristina de Kirchner andaba de visita por Cuba y Venezuela. Hasta entonces, la postura era no disponer la emergencia. Pero con el correr de las horas, en un marco de tregua con el campo, se decidió dar un guiño a los chacareros.
Fue tras un fin de semana frenético en que la quinta de Olivos se agitó con el tránsito continuo de funcionarios: pasaron los ministros Sergio Massa, Débora Giorgi y Florencio Randazzo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi.
El operativo -sobre el que Ámbito Financiero dio pistas el viernes- se manejó con discreción: convocó a gobernadores, intendentes, sindicalistas y empresarios a Olivos para presentar obras y los sorprendió con la declaración de emergencia.
De la evolución de la medida, no sólo fiscal sino sobre todo política -esperan poder aislar a los productores de las entidades-, depende que en el futuro la Casa Rosada disponga nuevas acciones. El as en la manda, siempre negado, es la baja de las retenciones.
Pero en el planeta Kirchner todo opera en dos planos: la emergencia será rigurosamente controlada por la AFIP, el ONCAA y, de manera informal, por la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno. Con ellos deberán lidiar los productores para lograr el beneficio.
Es más: entre las entidades, que ayer mismo plantearon que la medida es insuficiente o, como mínimo, «obvia», especulan que los requisitos podrían ser «excesivos». Van un paso más lejos y dicen que, como con el forraje, hay riesgo de discrecionalidad.
En paralelo, para dejar claro que la tregua no alcanza a las entidades, Cristina de Kirchner resolvió disponer la gratuidad de las cartas de porte, constancia necesaria para el transporte de ganado y cereal, que administraban Federación Agraria y el Centro de Acopiadores.
En carpeta
Hace tiempo, la Casa Rosada tenía en carpeta una medida para arrebatarle ese circuito a Eduardo Buzzi. Y ayer se concretó. Es un negocio de 7 millones de cartas anuales que, junto con los aranceles, según informó la Presidente, alcanza los 200 millones de pesos al año.
Ese capítulo no termina ahí: se sugiere que, en simultáneo a la entrada en vigencia del nuevo sistema, se encarará una investigación sobre supuestas irregularidades con las cartas de porte. «Fue un desastre; había certificados mellizos y reventa», se dijo ayer.
En el ajedrez con las entidades, el Gobierno decidió también anticipar sus movimientos. Para hoy está convocada la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, que preside Cheppi, y adonde planean asistir los titulares de las entidades que integran la Mesa de Enlace.
Premeditadamente, se aceleró el anuncio para que no parezca que la Casa Rosada cede a una medida que iban a reclamar las entidades.


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