Hasta el momento, las revelaciones no se han traducido en críticas de la sociedad norteamericana contra las prácticas del Ejecutivo. En la encuesta, realizada entre el 6 y el 9 de junio entre 1.004 adultos -con un margen de error del 3,7%-, se indica que el 62% cree que el Gobierno debe investigar cualquier amenaza terrorista sin importar que se inmiscuya en la privacidad de las personas, mientras que un 34% manifestó lo contrario.
En el estudio, correalizado por el Pew Research Center, se destaca que estos porcentajes apenas variaron respecto a una encuesta realizada en 2006 por la cadena ABC y The Wa-shington Post sobre el mismo tema, cuando curiosamente un escándalo similar estalló dentro de la segunda administración de George W. Bush. Además, se indica que no hay grandes diferencias entre los demócratas y republicanos sobre el apoyo a estas medidas.
Fue el diario británico The Guardian el primero en informar sobre que una orden judicial requería a la empresa Verizon entregar a la NSA listados de llamadas telefónicas de sus clientes que incluían el número de teléfono del destinatario, la duración, el momento y el lugar desde el que se hizo. Al día siguiente, The Washington Post y The Guardian informaron de que la NSA había accedido directamente a los servidores de nueve empresas de Internet, entre ellas Facebook, Google, Microsoft y Yahoo, mediante un programa llamado PRISM. Dicho plan permite a la NSA y el FBI acceder a los correos electrónicos, los chats y otras comunicaciones de forma directa a través de los servidores de estas grandes empresas, que a su vez negaron haber dado acceso al Gobierno. La información obtenida se está empleando para hacer seguimiento a extranjeros sospechosos de terrorismo o espionaje.
Quien también seguía siendo motivo de titulares es el contratista de NSA, tanto porque seguía en paradero desconocido, como por el avance en la acusación en su contra.
El Departamento de Justicia está sopesando cuáles pueden ser los cargos de los que puede acusar al "topo". Si decidiese procesarlo, el siguiente paso sería probablemente solicitar a Interpol su arresto provisional en espera de un pedido de extradición.
Según algunos expertos, el joven habrá firmado un compromiso de mantener en secreto los datos a los que tenía acceso, al haber sido contratado como experto informático por la Booz Allen, compañía "high-tech" adjudicataria de contratos de defensa. Ayer Booz Allen anunció que Snowden fue despedido el 9 de junio por violación del "código ético" de la empresa. Lo que es seguro es que con la filtración a la prensa de información secreta, el joven se hizo de muchos enemigos.
"Es un traidor", aseveró el líder de la Cámara de Representantes, el opositor John Boehner, sobre Snowden en una entrevista con ABC News. El republicano defendió a la NSA y su vigilancia en manos del Congreso, al indicar que los estadounidenses no eran "espiados" a menos que se comunicaran con un terrorista en otro país. "La divulgación de esta información pone a los estadounidenses en riesgo, muestra a nuestros adversarios cuáles son nuestras capacidades, y es una violación gigantesca de la ley", expresó Boehner.
Muchos otros legisladores de ambos bandos también instaron a un castigo rápido. Pero el senador Rand Paul, popular en el movimiento Tea Party que se manifiesta en contra de la intromisión gubernamental, dijo que se reservaba la opinión sobre Snowden. "Creo que la mayoría de los estadounidenses no quiere esta vigilancia", comentó Paul a la CBS.
Paralelamente decenas de periodistas se agolpaban en las afueras de diversos hoteles de Hong Kong, adonde escapó tras facilitar la información a los medios, a la espera de encontrar a Snowden. Snowden dijo que huyó hacia allí por su compromiso con la libertad de expresión y la disidencia política, aunque activistas prodemocráticos se quejaron de que las libertades en la antigua colonia británica se erosionaron desde su retorno a la administración china en 1997. Hong Kong tiene un acuerdo de extradición con EE.UU. que ejerció en numerosas ocasiones desde 1998, pero Snowden podría hacer un pedido de asilo político, una acción que suele llevar meses o años.
En ese marco, la compañía Google pidió ayer permiso a EE.UU. para publicar las cifras de los datos de usuarios que fueron solicitados por el Gobierno, y reivindicó que así quedaría demostrado que los datos aportados son muy inferiores a lo que se afirma.
| Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |
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