La Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés) no cumplió este fin de semana con un pago a sus acreedores y la incertidumbre y la preocupación reinan, aunque significa sólo una mínima parte de los u$s 73.000 millones que adeudan las corporaciones públicas puertorriqueñas en conjunto. El antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Santos Negrón señaló que una de las primeras consecuencias será la degradación de la deuda de corporaciones puertorriqueñas por parte de las agencias. Negrón subrayó que es difícil predecir una solución una vez que el Gobierno pretende cumplir ante sus ciudadanos con el mantenimiento de servicios y no tocar el empleo de los funcionarios, lo que según dijo parece difícil de conciliar con las exigencias de los acreedores que piden que el dinero público se destine a saldar la deuda.
A la preocupación expresada por los economistas locales se suman los anuncios de las grandes agencias internacionales de riesgo. Moody's consideró como un impago propiamente dicho el incumplimiento por parte de PFC, sobre cuyo monto hay distintas versiones, que van de 57 a 94 millones de dólares, y apuntó que puede ser sólo el inicio de otros venideros. Standard and Poor's coincidió con la calificación y vaticinó otros futuros por la falta de liquidez del Gobierno. Fitch subrayó que está en línea con el anuncio hecho hace semanas por el gobernador Alejandro García Padilla, quien dijo que la deuda de Puerto Rico no se pagará en las condiciones y plazos negociados.
En tanto, el profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, José Alameda, dijo que el caso de PFC podría considerarse la antesala de una serie de impagos de una ingente deuda. Destacó que las agencias ya habían adelantado que nuevas degradaciones pueden llegar en el futuro afectando una a una a las distintas corporaciones de Puerto Rico con deuda emitida. Por su lado, Martha Quiñones, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, señaló que la solución pasa por estudiar qué se puede pagar y qué compromisos no se pueden asumir, además de asegurar que el caso de la isla caribeña se parece más al de Grecia que al de Detroit.
En agosto vence deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) por u$s 330 millones, otros 2.600 millones de dólares de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), u$s 91 millones de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim) y 14 millones del Sistema de Retiro, todas corporaciones públicas. El Gobierno de Puerto Rico espera que el Congreso de EE.UU. saque un proyecto de ley que permita a la isla acogerse al Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.
| Agencia EFE |
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