SIN CUARTEL: Un catálogo para afligir a Moyano

Cercar a Hugo Moyano. Desactivar los beneficios que acumuló en la última década. Convencer a sus aliados de que no es buen negocio continuar bajo su protección. La orden de Cristina de Kirchner se cumple a pie juntillas en el Ministerio de Trabajo y, en los últimos meses, se tradujo en medidas, señales y silencios cada vez más ostensibles.

Algunos de esos movimientos fueron denunciados públicamente por el jefe de la CGT opositora: por caso, el dictamen 5.994 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, que en el caso del mayorista Maxiconsumo contradijo una resolución homologada por la propia cartera laboral y publicada en el Boletín Oficial en 2007.

La principal preocupación del dirigente relacionada con el cambio es que el mismo día de 2007 en que el Gobierno validó el imperio del camionero sobre el área de logística de Maxiconsumo lo hizo también, en sendas resoluciones, respecto de otros mayoristas como Diarco, Maycar, Primo Hermanos, Makro, El Ciclón, Nini, Danisant y Yaguar. Con el mismo criterio con que Trabajo volvió sobre sus pasos en Maxiconsumo, los dueños de las otras compañías quedaron tácitamente habilitados para seguir ese camino e incluir a sus nóminas de personal en un convenio laboral más barato y flexible como el de Comercio.

Días atrás, Moyano también confesó que la repartición a cargo de Carlos Tomada no había reconocido formalmente, hasta esta semana, su reelección al frente de la Federación de Camioneros, consagrada en noviembre. Un trámite que antes tardaba una semana en este caso demoró tres meses y medio hasta que este martes llegaron los papeles que le garantizan oficialmente cuatro años más como número uno en su gremio.

Pero también la cartera laboral se vale de mecanismos más sutiles para castigar al sindicalista. Se trata de la inacción de los funcionarios frente a los acuerdos salariales. Camioneros cerró en diciembre pasado con las cámaras empresariales de la actividad el pago de un adicional no remunerativo por un total de 1.850 pesos, en tres cuotas junto a los salarios de febrero, abril y mayo.

Hasta esta semana el ministerio no había homologado ese acuerdo. Para Moyano la falta de ese aval no representa un problema mayor. Cuenta con el suficiente poder de fuego como para disuadir a cualquier empresario envalentonado con la señal oficial que resolviera no abonar ese plus en los sueldos.

Pero esa correlación de fuerzas no es la misma en los casos de otros gremios también ignorados por la estructura burocrática de la cartera laboral. En la última reunión del consejo directivo de la CGT opositora, varios dirigentes alzaron la voz para dar a conocer que sus entendimientos tampoco habían sido homologados.

Desde entonces, los abogados de la central obrera recogieron los testimonios de varios de ellos: el primero fue Gerónimo Venegas, que alegó que el año pasado había obtenido para su sector un incremento del 35,7%, que se redujo al 25% por decisión oficial. Sumó su caso Sergio Palazzo, de La Bancaria, a la que los funcionarios se negaron a homologarle el pacto transicional que selló con los ejecutivos de su sector para el pago de una suma no remunerativa por el primer trimestre del año para diferir hasta marzo el inicio de su paritaria. Este año corrieron la misma suerte el gremio de los empacadores de fruta de Río Negro y Neuquén, así como los panaderos y los aceiteros de las industrias del Gran Rosario.

La homologación de un acuerdo salarial le brinda fuerza de ley. Omitirla no implica necesariamente su incumplimiento, pero habilita a hacerlo a los empresarios que aleguen estar imposibilitados de afrontar la suba pactada. Y no todos los gremios tienen la estructura de los camioneros para compensar ese bache administrativo. Los sindicatos alineados con Antonio Caló no sufrieron hasta ahora ese percance.

@marianoemartin