Solanas se suma a acusaciones contra el polémico DNU del Fondo

Pino Solanas

Una nueva denuncia se sumará hoy contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09, que habilita el uso de reservas del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda pública en 2010. El diputado nacional y titular de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, se presentará hoy en los tribunales de Comodoro Py para acusar a Cristina de Kirchner y Amado Boudou por los supuestos delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta de los bienes públicos.

La presentación que hará Solanas junto a otros diputados de su partido, como Jorge Cardelli, y los legisladores porteños Julio Raffo y Jorge Selser argumenta que el decreto firmado el 15 de diciembre pasado por la Presidente «no respeta el orden jurídico constitucional, que determina que un gobierno no puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado». La denuncia se suma así a los recursos que ya presentaron la Coalición Cívica y el PRO -en diciembre pasado-, la provincia de San Luis ante la Corte Suprema de Justicia, y la UCR el miércoles pasado.

En este caso, la avanzada judicial de Solanas no apunta a un efecto inmediato como las acciones de amparo presentadas anteriormente, sino que es una denuncia penal, que implica otros plazos procesales. La acusación, además, se extenderá a todos los funcionarios «que intervengan en la disposición de utilizar fondos del Banco Central para el pago de una deuda fraudulenta e ilegítima, que el Gobierno nacional se niega a someter a una auditoría».

«La comunidad entera debe reaccionar ante esta nueva trampa que intenta esconder el retorno a las políticas de endeudamiento cuyas consecuencias catastróficas afectaron a nuestro pueblo», señaló a través de un comunicado Solanas, quizás también en un intento de explicar su respaldo al ahora ex titular del Banco Central, Martín Redrado, funcionario del menemismo y del kirchnerismo, sin que se lea algo de oportunismo en su posicionamiento político.

Amparo

Por otro lado, lo más probable es que el amparo y la medida cautelar impulsados por el titular de la UCR, Ernesto Sanz, el jefe de la bancada de senadores de ese partido, Gerardo Morales, y el diputado Ricardo Gil Lavedra sean más efectivas en el corto plazo. En especial la medida cautelar, que suspende de manera provisoria los efectos del decreto hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Ese plazo le podría dar el tiempo suficiente al Congreso para pronunciarse sobre el cuestionado DNU.

La presentación de la UCR, además, pide que se habilite la feria para su tratamiento (lo que no fue contemplado en el recurso interpuesto por la Coalición Cívica y el PRO). Es decir que la jueza de turno en el foro Contencioso Administrativo, María José Sarmiento, tiene 8 días hábiles para resolver los dos pedidos de los radicales.

Sin embargo, la decisión que sin duda tendrá más peso respecto de la constitucionalidad del Decreto 2010/09 será la de la Corte Suprema de Justicia respecto del amparo presentado por la provincia de San Luis. El máximo tribunal se movió rápido y de manera inteligente, evitando estar en medio de la tormenta al estallar esta semana el conflicto entre Redrado y el Gobierno: hizo lugar a la acción de amparo, pidió informes al Ejecutivo y anunció que no iba a pronunciarse sobre el tema hasta después de la feria judicial de enero.

Así, ganó tiempo para discutir qué hacer y, quizás, para tener que evitar resolver sobre el polémico decreto, ya sea porque el Ejecutivo logre vadear la crisis y avanzar con él o porque el Congreso comience con el tratamiento del tema.

Los amparos sobre el DNU 2010/09, sin embargo, son sólo el comienzo de la cascada de denuncias que generó el avance del Ejecutivo sobre las reservas del Banco Central: ya asoman nuevas presentaciones por el decreto que removió a Redrado y del propio Gobierno contra el ahora ex titular del Banco Central. Las consecuencias de una Argentina demasiado acostumbrada a pedirle a la Justicia que resuelva lo que no puede la política.