Sorprende Piñera: amenaza a empresas que no acepten nuevas regulaciones

Los familiares de los mineros rescatados en la mina de San José desmantelaron ayer el campamento que los albergó durante 70 días. Chile saborea aún la conmovedora historia del salvataje.

Santiago y Copiapó - El Gobierno chileno se comprometió ayer a reforzar el control de las empresas para evitar accidentes causados por incumplimiento de las normas de seguridad, como ocurrió en la mina de San José, donde hasta el miércoles estuvieron atrapados 33 mineros durante 70 días. Asimismo, sorprendió con una dura referencia a los empresarios que no cumplan con las normas, a quienes amenazó con clausurarles sus negocios.

«Un Gobierno, para ser honesto, no puede comprometerse a que nunca más ocurran accidentes. A lo que sí se puede comprometer es que nunca más un accidente se produzca porque no se cumplen las normas de seguridad», afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

La noche del miércoles terminó el rescate exitoso de los 33 trabajadores que el pasado 5 de agosto quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en la mina San José, en la región de Atacama, en la que no había vías de escape y la chimenea de ventilación carecía de escalera, entre otras anomalías.

En declaraciones a radio Cooperativa, Hinzpeter dijo que el objetivo del presidente Sebastián Piñera es convertir a Chile en un referente sobre seguridad laboral.

«Nuestro Gobierno quiere convertir a Chile en un referente mundial en seguridad laboral y dignidad del trabajo», precisó el ministro. Agregó que espera que al término de esta administración, en marzo de 2014, «podamos decir con orgullo, que hemos convertido a Chile en un ejemplo en el mundo de cómo se trata y se cuida a los trabajadores».

El propio mandatario, cuyo país ingresó en enero a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prometió «un nuevo trato» para los trabajadores en la sociedad chilena, una de las más desiguales del mundo.

Sus promesas, acompañadas por la elaboración de una propuesta para una nueva legislación en seguridad laboral, fueron recibidas por ahora con cautela por los dirigentes sindicales.

«Si el presidente dice que va a cumplir (con las reformas), que ratifique el convenio 151 de la OIT» sobre protección a los empleados públicos, comentó uno de los líderes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cristián Cuevas.

Sus palabras, con el antecedente de varias huelgas en el sector público este año, apuntaron a que la nueva agenda laboral del Gobierno deberá sortear una serie de dificultades. Por una parte, ser aprobada en el Congreso y, por otra, aceptada en los mundos sindical y empresarial, además de estar en línea con las normativas de la OCDE, el club de los países ricos.

El punto es si la reforma se centra sólo en aspectos de seguridad laboral o si abre un debate más amplio sobre la sindicalización y las remuneraciones de los trabajadores.

Piñera asumió en marzo último, por lo que los reproches sobre la falta de control en la mina siniestrada recaen en buena medida en el Gobierno de Michelle Bachelet. Si bien evitó referirse a ese aspecto, la socialista se congratuló ayer por la liberación de los obreros y estimó que «este accidente (del 5 de agosto) pudo evitarse».

Los dueños de la mina San José han sido demandados en u$s 12 millones por algunas familias de los mineros atrapados y afrontan además otros juicios derivados del incumplimiento de las normas de seguridad, que también alcanzan al estatal Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), por su deficiente fiscalización del yacimiento.

Además, los propietarios enfrentan una investigación penal que se activará cuando la Fiscalía pueda tomar declaración a los mineros liberados y una indagación en el Congreso.

Piñera ha señalado también en más de una ocasión a la falta de seguridad como causa del accidente y ha prometido que los responsables «no quedarán impunes».

En ese contexto, el ministro del Interior emplazó ayer a las empresas a respetar las normas y a «cuidar la vida de los trabajadores». Entre los sectores que quedarán bajo la lupa gubernamental están, además del minero, el de la pesca, el de la agricultura y el de la construcción, entre otros.

«No es posible que un empresario crea que puede generar utilidades productivas, poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. El empresario que no entiende que tiene que cumplir las normas, simplemente no está en condiciones de operar su actividad y ésa es una persona a la que el Estado le debe clausurar su negocio», subrayó Hinzpeter.

«No podemos hacer vista gorda con empresarios que puedan creer que van a exponer la vida de trabajadores chilenos para hacer sus utilidades», añadió.

A su juicio, de la tragedia de San José se puede desprender como objetivo a futuro que «nunca más un accidente se origine porque el Gobierno no fiscaliza o que una empresa no cumpla con las normas de seguridad».

Agencias EFE y DPA y Ámbito Financiero