El operativo en Santa Cruz que Cristina de Kirchner denunció como una maniobra coordinada de la Justicia en su contra se trató, en realidad, de una tasación de cinco de sus propiedades ordenada por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa Los Sauces. Dos tasadores del Tribunal Nacional de Tasación participaron ayer de la valuación que se realizó en la casa particular de la exmandataria, de Mascarello 441 de Río Gallegos, así como en Mariano Moreno 870 y en Alvear 391, de la misma ciudad. También en el hotel La Aldea ubicado en calle Güemes 95 de El Chaltén y la Manzana 670 de El Calafate. Cristina sostuvo que existía una advertencia sobre un allanamiento, mientras ella se encontraba en Comodoro Py citada por el juez Julián Ercolini. Los enviados del juzgado tenían instrucción para proceder con la facultad de allanamiento si no se les franqueaba el acceso a las propiedades, según fuentes judiciales. Bonadio ordenó esa tasación el 12 de septiembre, y un mes y medio más tarde decidió llevar adelante el procedimiento, lo que disparó que la exmandataria enmarcara la decisión como parte de una presunta persecución judicial en su contra que busca "proscribirla", lo que tácitamente se tornó en una confirmación de una eventual candidatura para 2017.
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