Más voces se suman a calificar como inviables los proyectos de la oposición de llevar la jubilación mínima al 82% móvil. «Es una medida insustentable por el punto de partida fiscal del cual se parte», sostiene el último informe de MyS Consultores, de los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo. En ese sentido, advierte que «la ANSES está al día con el nivel de prestaciones que paga, pero cualquier aumento más allá de lo previsto la va a dejar en déficit. Los activos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son esencialmente ilíquidos, es decir, títulos públicos y acciones que difícilmente se pueden vender».
A continuación, los principales puntos del informe respecto del análisis sobre las propuestas de la oposición:
La solución no pasa por financiar el 82% liquidando parte de los activos de la ANSES expropiados a las AFJP. Una gran proporción de éstos son títulos del propio Gobierno que no tiene acceso al financiamiento y proyectos productivos (que es, en realidad, el gasto público encubierto). Entre lo primero y lo segundo se contaría por lo menos con el 85% del total del Fondo de Garantía de $ 150.000 millones.
Si se pretende un sistema previsional equilibrado, los ingresos deberán ser iguales que los gastos. En la Argentina, la tasa de aportes ]general es del 19% sobre el salario (un 11% de aporte personal más un 8% de con-tribución patronal). Esto quiere decir que para poder pagar una prestación equivalente al 82% del salario activo, tendría que haber 4,3 aportantes por cada jubilado.
Esa relación hace mucho que se perdió. Desde 1980 hay en nuestro país menos de 4 personas en edad laboral por cada mayor. Las estimaciones para 2010 hablan de 3,4 «jóvenes» por cada persona en edad de jubilarse.
Hay otros factores que deterioran aún más esta relación. En primer lugar, está el desempleo, que disminuye la cantidad real de aportantes. Después viene la evasión, tanto por la subdeclaración de salarios como por el incumplimiento en la obligación de realizar aportes (trabajo «en negro»). También los autónomos y monotributistas aportan muy poco. Por último, están las facilidades de acceso a los beneficios previsionales, que aumentan la cantidad de jubilados, más allá de lo posible dada la cantidad de aportantes que hay.
Según las últimas cifras disponibles, hay 1,3 trabajador que aporta por cada jubilado (en lugar de los 4,3 que serían necesarios para pagar el 82%). Si nos atuviéramos a la teoría, el haber promedio sólo podría llegar como máximo al 25% del salario. Sin embargo, en marzo la jubilación promedio era de $ 1.155, mientras que las remuneraciones medias declaradas llegaron a $ 3.750. Es decir que la relación jubilación/sueldo rozaba el 31%.
Los recursos puros de la seguridad social (es decir, sólo contando aportes y contribuciones) subieron hasta el 60% de los ingresos totales.
Los jubilados que a finales de 2001 recibían la jubilación mínima ($ 1,50), tuvieron un aumento nominal del 497%, aunque deflactado por la inflación el incremento es del 64%. Representaban al 45% del total.
Los que cobraban $ 300, hoy reciben la mínima, con un ajuste nominal del 198% que, deflactada por la inflación, significa una pérdida de poder adquisitivo del 18%. En el extremo, las jubilaciones más altas tuvieron una caída mayor que el 40% en términos reales.
Hubo un achatamiento en la escala de haberes: en 2001 había 3,3 millones de jubilados, de los cuales el 45% recibía la mínima. Hoy hay 5,6 millones, de los cuales el 75% cobra la jubilación de $ 895.
Más allá de si es o no la salida más adecuada para darles movilidad a las jubilaciones, una cosa es plantearla cuando el Tesoro y la seguridad social tienen superávit, el sistema impositivo recauda sobre bases sanas y el gasto público está bajo control sin bolsones de inestabilidad. Otra muy distinta es proponerla cuando las cuentas están en rojo, hay impuestos que replantear y gastos que encubren inconsistencias macro (como, por ejemplo, los subsidios).
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