Durante más de una hora, los barcos pesqueros dieron vueltas alrededor de los 70 bloques de hormigón arrojados en julio en cercanías de Algeciras y la Línea de la Concepción para formar un arrecife que España calificó de ilegal y provocó que el Gobierno intensificara los controles fronterizos en la colonia británica.
La protesta centró la jornada en la controversia que desde hace más de tres semanas enfrenta a España y Reino Unido en relación con la colonia británica que Madrid cedió en virtud del Tratado de Utrecht en 1713.
La manifestación de los pescadores españoles se desarrolló sin incidentes, aunque con algún momento de tensión como cuando uno de los pesqueros quiso situarse encima de la zona en la que Gibraltar dejó caer grandes bloques de hormigón los días 24 y 25 de julio con la intención de crear un arrecife artificial.
Los pescadores dicen que esos bloques, de unos 3.000 kilos cada uno y de los que sobresalen barras de hierro, impiden sus faenas y ya les causaron unas pérdidas de 1,5 millones de euros.
José Antonio González, patrón del San Juan, uno de los navíos afectados por las medidas de Gibraltar y presente ayer en la concentración marítima, dijo que con la protesta pretenden que el Gobierno español "tome conciencia de cómo Gibraltar está atentando contra unos derechos de pesca históricos".
Por su parte, las autoridades gibraltareñas sacaron al agua toda su flota: barcos y lanchas policiales, de aduanas, de la autoridad portuaria y de la Royal Navy, para frenar la protesta mientras vecinos del peñón gritaban, desde la costa, proclamas a favor de Reino Unido y flameaban banderas británicas y gibraltareñas.
La manifestación ocurrió mientras se espera de la conversación entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el de la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la Unión Europea), José Manuel Durao Barroso, anunciada desde el viernes, día en el que el dirigente comunitario habló con el primer ministro británico, David Cameron, quien le pidió observadores en la frontera de la colonia para evaluar los controles que ejerce España. Por esta escalada, el Gobierno de Rajoy estudia impulsar un frente común con Argentina frente a la ONU por el pweñón y las Islas Malvinas.
Desde la creación del arrecife artificial, la tensión entre España y Reino Unido fue subiendo. Madrid respondió profundizando los chequeos fronterizos los que provocaron largos colas de espera de turistas y residentes.
Ello llevó al primer ministro británico a denunciar que esas medidas estaban "motivadas políticamente y eran desproporcionadas" y a amenazar a Rajoy con una denuncia en instancias internacionales. España redobló la apuesta anunciando que denunciaría a las autoridades gibralteñas por dañar el medio ambiente con el arrecife.
También amenazó con imponer una tasa fronteriza de 50 euros, restringir el espacio aéreo o bloquear los lucrativos barcos gasolineras de la colonia.
Esa actividad, así como el blanqueo de dinero que España atribuye a numerosas empresas con sede en Gibraltar, fueron calificadas por el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, como una falta de lealtad y de compromiso por parte de las autoridades del peñón contra las ilegalidades.
| Agencias EFE, ANSA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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