SUBE: Schiavi culpó por el contrato al Banco Mundial y a los ingleses

Juan Pablo Schiavi

Juan Pablo Schiavi apuntó ayer contra el Gobierno de Gran Bretaña y el Banco Mundial en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el sistema de control de la tarjeta SUBE.

La semana pasada el Gobierno decidió dar por concluido el contrato con la UTE integrada por empresarios argentinos y por la firma inglesa Global Infraestructure (GI) luego de que se conocieran denuncias por supuestas irregularidades, como la falta de pagos a empleados del consorcio o el hecho de que GI no cuenta con una casa matriz en su país de origen.

Por su parte, el fiscal federal Carlos Stornelli había solicitado que el exsecretario de Transporte sea llamado a indagatoria por haber autorizado la contratación.

En declaraciones radiales, Schiavi afirmó que Stephen Chandler, titular de GI, fue presentado al Gobierno con una carta de recomendación del alcalde de Londres y con el aval del Gobierno inglés. «La persona existe, estuvo aquí y tiene las mejores recomendaciones. Es una persona muy conocida en el mundo del transporte», expresó sobre Chandler, quien todavía no ha hecho declaraciones sobre la investigación que lo involucra y que está radicada en el juzgado de Julián Ercolini. Luego agregó que el empresario tiene un sueldo de 140 mil dólares mensuales que paga el Estado y que por eso debería estar en el país.

Consultado sobre el hecho de que el Gobierno contrató a GI en lugar de otras ofertas más baratas presentadas en la licitación, Schiavi respondió que «se siguió un pliego dado por un organismo internacional». La entidad en cuestión es el Banco Mundial. Además sostuvo que el Gobierno no tiene capacidades para controlar el SUBE en la Secretaría de Transporte, por eso el contrato con GI.

Responsabilidades

Schiavi reflotó un argumento que se ha vuelto habitual cuando funcionarios y exfuncionarios son investigados por la Justicia. Habló de una supuesta «estafa entre privados» y desligó al Gobierno de responsabilidades. Es el mismo argumento que el Gobierno utilizó en los albores de la causa Skanska y el año pasado, cuando comenzó a ser investigado Sergio Schoklender por su actuación en la fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Anoche en Comodoro Py ya analizaban despachar exhortos a la Cancillería a fin de requerir información a las autoridades inglesas sobre la figura de Chandler y los servicios que éste habría prestado al Gobierno de la Ciudad de Londres.

El tema es investigado por la Auditoría General de la Nación y por la Sindicatura General de la Nación. Schiavi también pidió ayer que se cite a declarar a los empresarios argentinos que integraron el consorcio. Algunos de ellos previamente se habían desempeñado en la Secretaría de Transporte.