Subtes: arrancó guerra por aumento de tarifa

Aníbal Ibarra

El aumento del viaje en subterráneos que dispuso Mauricio Macri el miércoles lanzó otra pelea con la oposición al PRO y estrena la relación con el polémico gremio del sector que hoy mismo impulsa una protesta contra el aumento.

Así, la decisión de Macri de subir a partir de hoy la tarifa del viaje en subte de $ 1,10 a $ 2,50 desató una puja que llegará a los juzgados porteños, tal como anticipó este diario.

El Gobierno PRO no esperó más que un día, tras recibir de la administración nacional la transferencia de los subtes, para anunciar el aumento de la tarifa que debería aplicarse a partir de hoy. Pero la empresa concesionaria anunció que lo hará valer recién el 12 de enero, por cuestiones técnicas. Otros factores podrían demorar el aumento.

El Gobierno porteño se vale de una vieja audiencia pública de más de 10 años que avaló una suba en los pasajes de subterráneos, para eludir el procedimiento de convocar a un debate sobre la necesidad de cambiar la tarifa, como indican las normas locales.

Ayer la oposición al PRO en la Capital Federal anunció que hoy recurrirá a la Justicia para solicitar una medida cautelar que impida la aplicación del aumento y que obligue a la intervención del Ente Regulador de los Servicios Públicos porteño para que convoque a la mentada audiencia de rigor.

Organizaciones de consumidores se reunieron en la Legislatura porteña para encabezar una de las presentaciones que estará a cargo de aliados al kirchnerismo, mientras que por su parte el bloque Proyecto Sur (Solanas) elevará un reclamo propio ante el fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

Los gremios de empleados de los subterráneos anunciaron, a su vez, una protesta para hoy contra el aumento, que consistirá en la apertura de los molinetes durante una hora en distintas estaciones de las seis líneas del transporte. Será una muestra de la relación que comienza el PRO con ese sindicalismo, también opositor al kirchnerismo, como parte de la transferencia del transporte porteño a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

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Ayer, los bloques de la Legislatura porteña aliados al kirchnerismo, que integran por el Frente Progresista Aníbal Ibarra, Susana Rinaldi y María Elena Naddeo; y por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Form, dieron una conferencia de prensa para anunciar la presentación de un amparo, junto a organizaciones de consumidores y el auditor porteño Eduardo Epsztein. Para ese funcionario, «el incremento suena a chiste y es para eludir la ley; Macri quiere aumentar ahora para pasar desapercibido y que no suceda en marzo, cuando se sume también la suba en ABL y los pobres ingenuos que lo votaron se den cuenta de que ésta es una gestión que gobierna con aumento de impuesto, déficit y endeudamiento».

«Cuando hay un incremento de tarifas debe intervenir el ente regulador de servicios públicos de la Ciudad a través de una audiencia pública, y eso no está pasando. La Constitución de la Ciudad dice que todos los convenios que firme la Ciudad deben ser aprobados por la Legislatura. No sólo no está aprobado por este Parlamento, sino que directamente lo desconocemos», explicó Bisutti.

El kirchnerismo «puro» no aportó a la cita, pero los funcionarios del Gobierno nacional (ver nota aparte) llenaron de críticas a Macri por el aumento, que representará algo más de $ 400 millones anuales extras. A eso se suma el aporte del Gobierno nacional, por un año, de la mitad de los subsidios que venía pagando, $ 360 millones. De acuerdo con el convenio, el remanente deberá volcarse en obras, es decir, lo que sobre del fondo para cubrir los gastos operativos de la concesionaria.

Para el titular del bloque Proyecto Sur, Julio Raffo, el aumento es directamente ilegal. El diputado expresó que «es ilegal porque carece de toda seriedad y de todo fundamento jurídico que se pretenda sacar del archivo una Audiencia Pública realizada hace 12 años para fundamentar una decisión de hoy», dijo y arremetió tanto contra Macri como contra el kirchnerismo.

El Gobierno porteño busca, tal como anticipó este diario, hacer valer esa audiencia que en 1998 fijó la posibilidad de llevar el precio del pasaje a u$s 0,70, cuando sobrevivía la convertibilidad, lo cual para los asesores de Epsztein que redactaban el amparo para presentar hoy «no tiene validez y además aún no tiene sustento jurídico el aumento, porque no hay nada publicado que dé fundamentos sobre su aplicación».

Por ahora ése sería el argumento de defensa de la Ciudad ante las medidas cautelares con las que amenazan los rivales del PRO.

Según datos de Metrovías, en el año circulan 296 millones de pasajeros y de acuerdo con los datos oficiales, sólo cubren un tercio de los gastos operativos de la concesionaria con el pasaje a $ 1,10. El resto, $ 720 millones anuales, lo venía aportando Nación en forma de subsidios.

Otra reacción que provocó el anuncio del aumento se vio ayer en las boleterías, con largas colas de pasajeros intentando acopiar viajes. Es que aún coexisten dos modalidades de pago. Por un lado, la tarjeta SUBE, que se carga tanto para pagar el subte como los colectivos, y por otro el Subtepass, una tarjeta de cartón que suma hasta 10 pasajes. Metrovías anunció que el Subtepass comprado hasta ayer a $ 1,10 por viaje se podrá utilizar sin recargo, lo que llevó a esa especulación y, por parte de la empresa a poner un límite a la venta. Algunos, ante la tentación de ganarse el 127% del aumento, inclusive desembarcaron en distintas boletería para eludir el límite.