16 de enero 2012 - 00:00

Subtes: falla juez por precio de viaje

Mientras se espera el fallo sobre las acciones de amparo contra la suba del pasaje, activistas volverán a abrir los molinetes permitiendo que los usuarios pasen sin pagar.
Mientras se espera el fallo sobre las acciones de amparo contra la suba del pasaje, activistas volverán a abrir los molinetes permitiendo que los usuarios pasen sin pagar.
El Gobierno porteño y sus rivales en la pelea por el precio del viaje en subte esperan hoy el fallo del juez Francisco Juan Lima sobre las ocho acciones de amparo contra el aumento del 127% de la tarifa que decretó Mauricio Macri a partir del 6 de enero pasado, y que en la práctica se aplica en forma generalizada desde el viernes 13 pasado. La empresa concesionaria del servicio ya había informado que con las tarjetas magnéticas se descontaría el nuevo importe a partir de ese día.

El magistrado, del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal, ya corrió vista a la empresa Metrovías, al Gobierno porteño y a la estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires) para que presentaran sus argumentos. Todos ellos fueron demandados por distintas ONG y legisladores aliados al kirchnerismo y de la izquierda. Las respuestas fueron enviadas el viernes pasado y, en ese sentido, Macri sostuvo la necesidad de incrementar la tarifa en función de haber recibido el control total de las líneas de subterráneos porteños por parte del Gobierno nacional con la mitad del subsidio. El jefe de Gobierno indicó que en el Presupuesto 2012 no estaba contemplada esa transferencia que supondría $ 360 millones anuales para subsidiar la tarifa del viaje. Las acciones de amparo, sin embargo, apuntan especialmente a la falta de realización de una audiencia pública antes de imponer el aumento. Para el Gobierno porteño esa instancia no sería necesaria al haberse realizado un debate hace más de diez años que permitiría elevar el valor del pasaje a $ 3, pero que no se aplicó nunca.

De todos modos, en el decreto donde impone el incremento, Macri convoca a una audiencia para después del plazo de 90 días que se estipuló en el acta-acuerdo entre las dos administraciones cuando concretaron la transferencia.

La medida que tome el juez Lima podrá, de todos modos ser apelada tanto si resuelve en contra del aumento como si lo avala.

Petitorio

A modo de reforzar la demanda, el legislador porteño Aníbal Ibarra acercó al juzgado el petitorio con cerca de 100 mil firmas que recolectaron los delegados de los subtes, quienes desde que se anunció la medida vienen disponiendo durante seis horas diarias la apertura de molinetes en diferentes estaciones de las seis líneas del transporte, para permitir que los usuarios viajen gratis, a modo de protesta (ver nota aparte). Ibarra junto con otros legisladores porteños del interbloque kirchnerista, el auditor de la Ciudad, Eduardo Epsztein y organizaciones de consumidores, presentó uno de los pedidos de medida cautelar para frenar el aumento. También legisladores del bloque Proyecto Sur y varias ONG hicieron lo mismo. Estas peticiones fueron acumuladas en el juzgado de Lima, quien tras cinco días de la primera presentación decidió solicitar al Gobierno porteño, a la concesionaria y al SBASE su postura.

Así, a partir de hoy Lima debe resolver si suspende el incremento o considera que es correcta la decisión que Macri anunció hace diez días, cuan-do dispuso llevar el viaje de $ 1,10 a $ 2,50. Inclusive ya el Gobierno porteño anticipó que podría decidirse otro aumento más, ya que a partir del año que viene el gobierno nacional dejará de aportar el monto para subsidiar la tarifa que se comprometió a pagar mensualmente durante 2012.

Si bien el magistrado contaría con plazo hasta el miércoles para dar a conocer su fallo, se estima que lo anticipará.

La medida que determine el magistrado podrá ser recurrida ante la Cámara del fuero Contencioso porteño, pero quedará firme mientras ese tribunal resuelva sobre la apelación.

Así, el conflicto que generó el aumento de tarifa como consecuencia del traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, puede considerarse que cerrará al menos una instancia una vez que la Justicia dé a conocer su definición. En ese sentido, inclusive, los activistas aseguraron que no piensan en una protesta mayor en el caso de que se avale ya el aumento (ver nota aparte).

El convenio final de ese traspaso se firmaría en marzo próximo, documento que deberá ser refrendado por la Legislatura porteña. Ese es otro reclamo de los legisladores con respecto al acuerdo, pero el Gobierno porteño aclaró que se trató de un acta-acuerdo la firmada con el Gobierno nacional en la primera semana de enero y que por lo tanto no debería ser aprobada por la Legislatura.

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