Subtes: Gobierno envía acuerdo fallido con Macri al Congreso

Mauricio Macri

Cristina de Kirchner llevará ahora la pelea con Mauricio Macri por los subtes al Congreso, para que una ley ratifique el acuerdo de transferencia que el jefe porteño firmó en enero pasado y luego rechazó.

A horas de que el Gobierno respondiera a una medida cautelar presentada por el jefe porteño, con una denuncia por desistir del acta acuerdo, Cristina de Kirchner anunció que enviará el documento al Parlamento, para su homologación. La Presidente se quejó de la judicialización del tema y volvió a reclamarle a Macri que «se haga cargo» del transporte.

Así, el Gobierno busca la aprobación del compromiso mediante una ley, como una medida más de presión hacia el jefe de Gobierno en su intención de que asuma la transferencia del transporte porteño.

La Presidente hizo el anuncio anoche durante un acto en la Casa Rosada, luego de criticar al mandatario de la Ciudad por haber iniciado la vía judicial buscando un fallo que le avale su rechazo a tomar el control de los subtes, una negativa que concretó luego que el Gobierno llevara adelante su decisión de quitar a los policías federales de los andenes. Pero además, Macri reclama u$s 1.000 millones en obras para mejora del servicio y que el Gobierno continúe aportando su cuota de subsidio.

El jefe porteño, el lunes presentó un pedido de medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y el martes, el Ministerio de Planificación inició una demanda para que se cumpla el acta de enero.

Con la decisión de Cristina de Kirchner, la negociación tomará otro curso. En principio, la Presidente hará correr a los legisladores para que terminen de conformar la comisión bicameral de la Ciudad de Buenos Aires, donde debería ser girado el proyecto. Después los legisladores buscarán aprobar la ley que homologa el acuerdo, pero la discusión no será sencilla.

La Constitución argentina reformada señala en el inciso segundo del artículo 75 referido a la relación financiera de la Nación con las provincias y la Capital Federal, que «no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso».

Precisamente, la asignación de los recursos sería el punto más conflictivo de determinar y es lo que siempre reclama la Ciudad de Buenos Aires, cuando se habla, por ejemplo, del traspaso de la Policía o de la Justicia a su órbita.

Sin embargo, el hecho de mandar al Congreso el acuerdo, da por sentado que los recursos a transferir serían los $ 360 millones para subsidios durante un año a los que el Gobierno se comprometió en el documento y el traspaso de la facultad de aumentar la tarifa. Claro que el macrismo reclamará más. Esa discusión no llegó a darse cuando el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, durante su segundo mandato inconcluso, se sentó con Julio De Vido, precisamente a negociar la transferencia de los subterráneos. Para entonces ya la Legislatura porteña había aprobado el traspaso con una norma del año 2000 que ratificó un decreto de 1999. Ese antecedente le sirvió a Macri en enero para que la Justicia le diera la razón en que no tenía que pasar por la Legislatura ni para aceptar el traspaso ni para aumentar el boleto, como lo hizo de $ 1,10 a $ 2,50.

El kirchnerismo, para aprobar la ley en Diputados, necesitará 129 votos positivos, mayoría calificada. Pero además, si eso sucede, luego el acuerdo debe ir a la Legislatura porteña. Precisamente ayer, en la reunión de labor parlamentaria, el PRO dio marcha atrás con la idea de llevar el documento al recinto porteño. Es que, si los legisladores lo hubieran aprobado, sería una complicación para Macri, que ha «devuelto» la transferencia del control y fiscalización de la concesión del subterráneo. Y, si los diputados lo rechazaban, estarían marcando que, supuestamente el jefe de Gobierno habría firmado algo incorrecto.

Será diferente si hay una ley del Congreso, pero se daría la paradoja de que Macri -si insiste en no tomar el control del transporte subterráneo- no impulsaría el debate sobre el acuerdo para evitar cumplirlo.

«Los que tienen la inmensa suerte de estar en un distrito donde no se necesita agua, cloacas, comunicaciones, por lo menos que se hagan cargo de lo que está en su jurisdicción», sentenció Cristina de Kirchner al sorprender cambiando de escenario el conflicto con el jefe de Gobierno.

Dijo que decidió que el tema se debe «resolver en el ámbito político por excelencia que está en el seno de nuestro Parlamento para zanjar esto» y que creía que «estas cosas no deben judicializarse. Por lo tanto vamos a remitir al Parlamento un proyecto de ley a los efectos de ratificar el acta que firmamos con la Ciudad de Buenos Aires. Porque es necesario de una buena vez por todas que el Parlamento, donde están representadas las provincias, defina qué modelo de país somos».

«¿Vamos a seguir sometidos a un modelo centralista, ubicar los recursos donde está la mayor fortuna del país o un reparto más equitativo?», señaló la Presidente y remarcó otra vez: «Esto no puede ser judicializado, como dijo el presidente de la Corte Suprema, los jueces no pueden decidir cómo se va a gobernar la Argentina».

Con respecto a la medida judicial solicitada por Macri, embistió con que «el derecho cautelar es una distorsión que favorece a las corporaciones económicas» y que ahora ese instrumento se utiliza para «no hacerse cargo de las obligaciones».

Gabriela Michetti, explicó anoche a este diario que «enviar al Congreso el acta no es correcto porque no se trata de un convenio. De cualquier manera, aunque no es adecuado ni la vía correcta lo que está haciendo la Presidenta, nosotros ratificamos que queremos la transferencia de los subtes, con los pasos que corresponden y por supuesto con los recursos, dentro de los cuales están los $ 5.200 millones en obras que no se hicieron».